Diana Renée - Columnista de la agencia DPA
Poco más de dos meses después del inicio de su segundo mandato, la presidenta Dilma Rousseff se ve debilitada por crisis múltiples y por una oposición cada vez más ruidosa, que ha convocado el domingo una multitudinaria protesta popular en demanda de un juicio político en su contra. La oposición justifica su demanda en base a las investigaciones del Ministerio Público sobre un desvío de miles de millones de dólares de la petrolera estatal Petrobras para pagar sobornos y financiar campañas de políticos aliados del gobierno. El Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó investigar a 47 políticos -casi todos oficialistas-, aunque dejó en claro que no existen “indicios mínimos” de la participación de Rousseff en el escándalo.
Las investigaciones sobre la corrupción en Petrobras tuvieron el efecto adicional de dañar las relaciones de Rousseff con el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que desde hace 10 años es el principal socio del Partido de los Trabajadores (PT). Entre los investigados por nexos con el escándalo están dos de los máximos líderes del PMDB, los presidentes de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros. En los últimos días, ambos dieron muestras claras de su insatisfacción con el gobierno y provocaron una serie de derrotas legislativas a Rousseff. La pérdida de apoyo en el Congreso perjudica la implementación del plan de ajuste fiscal del gobierno para superar la crisis reflejada en desequilibrio de las cuentas públicas, el aumento de la inflación y el estancamiento económico.
Las medidas, que afectan incluso a los derechos laborales y contemplan una subida impositiva para los asalariados, enfrentan resistencias en el seno del PT de Rousseff, ya que van por un camino similar al propuesto por el rival de la mandataria en los comicios, el socialdemócrata Aécio Neves. Pese a las críticas, el PT mantiene el apoyo a Rousseff, y sostiene que las protestas contra el gobierno se originan en los sectores conservadores y de la clase media alta que no están conformes por la derrota de Neves en las urnas y buscan el camino del “golpismo” para llegar al poder. La tesis fue esgrimida por la propia mandataria, quien advirtió el lunes que la oposición busca forzar una “tercera vuelta electoral” al defender un juicio político en su contra. Según Rousseff, tienen que existir “razones para un juicio político”, que no sean la celebración de “una tercera vuelta de las elecciones”. “No es posible que en Brasil no se acepte la regla del juego democrático. La elección se acabó. Hubo la primera y la segunda ronda. La tercera ronda de las elecciones, no puede ocurrir, salvo si uno quiere una ruptura democrática”, insistió.
Los líderes de la principal fuerza de oposición, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del derrotado Neves, niegan que estén defendiendo la destitución de Rousseff a través de un juicio político. “Sacar del poder a la presidenta es inútil. ¿Qué haremos después?”, se preguntó el líder del partido, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Según Cardoso, la crisis refleja “una desmoralización simultánea de los sistemas económico y político”, y en ese panorama “no tiene cabida agudizar un proceso que no sabemos a qué llevará”. El columnista Mario Magalhaes se manifestó perplejo ante “la acumulación de errores tácticos” del gobierno, entre los cuales destacó el de haber adoptado como propio el programa económico de su rival en los comicios.