Mucho se consiguió y mucho queda por hacer. Así resume la situación de la mujeres en la última década en la Argentina la abogada feminista Soledad Deza, representante de la Casa de las Mujeres Norma Nassif.

Aún es grande la brecha entre los avances en materia legal -con leyes que defienden los derechos de las mujeres y adolescentes, las leyes contra la violencia de género y que promueven la igualdad- y la aplicación plena de esos recursos en la sociedad.

Un ejemplo de ello, dice Deza, es la aplicación de los derechos sexuales y reproductivos en los hospitales públicos: recibir información y recursos para prevenir embarazos no deseados, o para interrumpirlo cuando es forzado (con una violación) o pone en riesgo a la mujer.

“Desde el año 94, con la incorporación de algunos tratados internacionales a nuestro bloque constitucional , existe una plataforma de derechos con perspectiva de género que tienen obligatoriedad en su aplicación”, explica.

De todos modos, la abogada reconoce que existe una brecha entre los derechos escritos en las leyes y los derechos que están disponibles de verdad para las mujeres. “Y también existen fallas cada vez que el Poder Judicial resuelve cuestiones de género sin saber muchas veces que lo está haciendo o bien, al margen de la perspectiva de género”, explica. Conflictos de género son mucho más que “casos de violencia doméstica” y “trata de personas”, como erradamente consideran muchos operadores políticos y judiciales. Urge implementar políticas que censuren y desarticulen los estereotipos culturales que impiden la igualdad, o que colocan a la mujer en un lugar de inferioridad, propio del sistema patriarcal. Urge que el Poder Judicial sea solvente para advertir la importancia simbólica de todas las cuestiones de género, no sólo de las denuncias de amenazas. La brecha entre derecho y realidad es lo que impide que las mujeres sean ciudadanas plenas: el derecho a tener derecho es derecho a gozarlos efectivamente, no a leerlo en una ley.

En los temas de violencia doméstica se ha avanzado más que nada en la actuación judicial.

Ahora, ¿qué pasa con las que no acceden a la justicia? ¿Cómo se las protege si no hay refugio para ellas y sus hijos? ¿Cómo podrán subsistir lejos de sus maltratadores si no tienen autonomía económica? Se violan las órdenes de restricción, y no hay política educacional al respecto. “El principal componente de la violencia es cultural, y los patrones culturales de subordinación de las mujeres solo podrán modificarse con educación, no con cárcel”, insistió la abogada.

El movimiento de mujeres tiene en la actualidad dos demandas bien concretas:

a) La declaración de emergencia en violencia de género como dispositivo legal para asegurar que se tomen medidas que impacten en el núcleo de la problemática. Esta no se soluciona con una política punitivista o elevando penas. Se necesitan un conjunto de medidas, desde lo educacional hasta lo económico.

b) Aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Hay que agilizar el funcionamiento de las consejerías de disminución de riesgo y daño, y el proyecto de ley que legaliza la interrupción del embarazo dentro de las 12 semanas, que tiene 69 firmas de todos los bloques.