Un dictamen puso en duda la posibilidad de que un ex funcionario de este Gobierno sea juzgado por la presunta comisión de anomalías en la ejecución de obras públicas antes de que José Alperovich concluya su mandato. La opinión no vinculante favorable a Miguel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), pertenece a Alejandro Noguera, el fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción denunciado por una supuesta parcialidad favorable al imputado Rubén “La Chancha” Ale. Según ese funcionario constitucional, es nulo el requerimiento de elevación a juicio oral contra el ingeniero Brito que había emitido Arnoldo Suasnábar, fiscal de Instrucción de la VII Nominación de esta capital.

“Considero que el pedido de enjuiciamiento penal omitió parte de los recaudos legales por cuanto no se observa una relación del hecho clara que importa necesariamente un relato sencillo de fácil comprensión”, dijo Noguera en el dictamen del 23 de febrero pasado, en el que, sin embargo, opinó en contra del sobreseimiento del ex director de la DAU puesto que, según su criterio, subsiste la duda sobre su responsabilidad en los delitos investigados. Respecto del requerimiento de Suasnábar añadió: “este presenta una descripción confusa, interminable, sin precisión de cuál fue la participación del acusado en cada una de las contrataciones cuestionadas”.

Para inclinarse por la nulidad, Noguera se apoyó sobre el discurso de Rodolfo Atilio Torasso, quien prestó declaración testimonial en su carácter de contador fiscal delegado en la DAU entre mediados de 2008 y marzo de 2012. El fiscal de Cámara expresó que, aún en el supuesto de las contrataciones directas de obras de hasta $ 150.000 discutidas en la causa, la Administración Pública actúa sujeta a jerarquías y controles: “es imposible pensar que el proceso de contratación directa fue realizado exclusivamente por Brito desde la DAU sin que haya complicidad de otros sujetos en esa repartición. Pero, lejos de precisarse lo expuesto, la acusación (de Suasnábar) se limita a imputar al ex director”.

Luego de reproducir la explicación que dio Torasso, Noguera subrayó que todo lo atinente a la fiscalización de la constitución regular y de la capacidad de las empresas para contratar con el Estado era función exclusiva de la Secretaría General y de los estamentos legales de la DAU. “Lo expresado me lleva a dos conclusiones: 1) o no se le puede achacar a Brito esta cuestión de que las empresas estaban irregular o ilegalmente constituidas porque la cuestión no era de su injerencia, o 2) (Brito) debió buscarse un cómplice o más en dicha Secretaría General o en la asesoría legal, que debería estar imputado. Pero nada de eso sucedió”, razonó.

Nacido en el bussismo

Después de un proceso no exento de percances, Suasnábar imputó a Brito la supuesta comisión de un fraude en perjuicio de la Administración Pública y de negociaciones incompatibles con el cargo que ocupaba. El ingeniero acusado se inició en la política en Fuerza Republicana, partido que le permitió obtener bancas en la Legislatura y el Concejo Deliberante de la capital. Luego dejó el bussismo para sumarse al alperovichismo: en 2009 asumió como titular de la DAU. Dos años después fue cuarto en la lista de candidatos que llevó al Poder Legislativo a los alperovichistas Armando Cortalezzi (hoy interventor de la Caja Popular), Guillermo Gassenbauer y Graciela Suárez de Cano (esposa del concejal capitalino Ramón Santiago Cano).

Poco después de esos comicios estalló el escándalo. En agosto de 2012, el Tribunal de Cuentas (TC), integrado por Miguel Chaibén Terraf, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, emitió un acuerdo en el que consignaba presuntos sobreprecios en la restauración de la fachada de la Casa de Gobierno. El órgano de control impidió la ejecución de la obra, y a los pocos días de la publicación de la información en LA GACETA, Brito renunció a la DAU. Luego, se convirtió en asesor del senador nacional ultraalperovichista Sergio Mansilla.

La salida de la repartición no detuvo la hemorragia de objeciones por parte del TC. En 2012, la entonces legisladora radical Silvia Elías de Pérez (hoy senadora) llevó al fuero penal una denuncia contra Brito. El expediente pasó por las manos de los fiscales Adriana Reinoso Cuello y Washington Navarro Dávila, quienes se excusaron; finalmente, la causa DAU llegó a Suasnábar, quien también intentó apartarse por un supuesto lazo de amistad con el imputado, aunque, finalmente, la Justicia dispuso que avanzara con la pesquisa.

Fue Suasnábar quien, en diciembre de 2013, indagó a Brito, y, en junio del año pasado, solicitó la elevación a juicio del caso. La jueza de Instrucción Mirta Lenis de Vera dio el visto bueno a ese dictamen. Pero Arnaldo Ahumada, abogado defensor del ingeniero, solicitó el sobreseimiento de su cliente y planteó la nulidad del requerimiento ante la Cámara de Apelaciones. Este tribunal compuesto por Eudoro Albo y Liliana Vitar ha de resolver si acoge la postura de Noguera y Ahumada, y detiene el juicio, o si hace suyos los criterios de Suasnábar y Lenis de Vera, y sienta a Brito en el banquillo de los acusados.