Los violentos del fútbol han vuelto a ganar la peor de las batallas. Con lo ocurrido en Laferrere no sólo quedó demostrada la ineficacia de las medidas contra los barrabravas, sino que además volvieron a ampliar el terror que generan. Ya no les basta con llenar de sangre las tribunas, sino que ahora se apoderan de barrios enteros que quedan convertidos en tierra de nadie por donde pasan hordas enfurecidas arrasando con lo que encuentran a su paso, sembrando el miedo entre los vecinos.
La barra de “lafe”, una de las más pesadas del conurbano bonaerense, mostró su poderío al atacar a la Policía. Todo comenzó cuando unos 200 hinchas intentaron entrar a la cancha sin pagar entrada. Y cuando los uniformados los enfrentaron se desató una batahola en la que los hinchas agresores recibieron apoyo de los que estaban ya en las tribunas, con lo cual se dio una especie de “efecto sándwich” y los policías se vieron absolutamente superados. No se puede asegurar que haya habido negligencia, ya que se había montado un operativo acorde con el encuentro, que iba a jugarse sólo con público local.
Pero ese es el verdadero problema. Desde hace más de cinco años rige la veda a los hinchas visitantes, medida que no logró detener a los violentos. Es más, los enfrentamientos entre integrantes de una misma facción crecieron considerablemente y fueron el disparador de los últimos crímenes.
Tucumán no es ajena a la barbarie. El sábado, La Florida recibió a Central Norte con su público únicamente. Martín Anastacio, técnico del equipo local, fue agredido por un barrabrava. La Policía, en este caso, se preocupó más por proteger a la terna arbitral y a la delegación visitante. El final está a la vista. Otro escándalo.
Un episodio violento similar al de Laferrere, aunque con consecuencias menores, ocurrió en Villa Quinteros en octubre pasado, cuando hinchas de Jorge Newbery que no pudieron ingresar al estadio de San Ramón causaron desmanes en el pueblo. Eso dio lugar a una controversia entre el presidente del club -que justificó a los agresores- y las autoridades de la Liga Tucumana de Fúbol. Precisamente ese dirigente, que es concejal de Aguilares, ha dado lugar a debates sobre los vínculos entre los políticos, las hinchadas deportivas y los dirigentes. Hace un lustro, un ex legislador, dirigente de ese mismo club, había renegado de la politización del deporte pero al mismo tiempo había justificado esos vínculos al señalar: “las instituciones deportivas se vinieron abajo por la falta de apoyo del Estado. Los hinchas y los socios quieren que venga un dirigente político y que se haga cargo. Por eso terminamos siendo los que, por nuestras relaciones estrechas con el Estado y por la influencia política e institucional, conseguimos beneficios para un club”. Se sabe que los barrabravas, que hacen negocios con la organización de viajes y la venta de protección en tierras ajenas, son mano de obra para custodias y servicios de punteros políticos vinculados con intendentes, comisionados rurales y legisladores.
Es tiempo de que las autoridades enfrenten el problema. No se trata sólo de que “la violencia está insertada en la sociedad”, como dijo el presidente de la Liga en 2013, sino de que las medidas han fracasado. Se requiere estudio, diagnóstico y una política integral que abarque todos los problemas, desbarate los vínculos entre barrabravas y políticos y corte los suministros y el apoyo que reciben los violentos.