Ada Altuve podría ser juzgada por la institución en la que desempeña un papel sindical desde hace décadas si prospera el pedido de elevación a juicio que firmó Washington Navarro Dávila, fiscal de Instrucción de la V Nominación, el 23 de febrero pasado. La celebración del debate de los supuestos delitos que implican a la secretaria general de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Tucumán (AGEJ) depende de Juan Francisco Pisa, titular del Juzgado de la III Nominación de esta capital.

En total, Navarro Dávila adjudicó a Altuve la presunta comisión de una estafa continuada contra 280 aspirantes a casas del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Estos denunciantes habían entregado a Altuve entre $ 2.000 y $ 6.000 en concepto de “pago total por reformulación de planos de loteos e infraestructura, y demás documentación técnica”. Navarro Dávila expresó que el dinero fue exigido pese a que el loteo era costeado por el Ipvdu y la empresa Dakar SA, y no por AGEJ. “Estos hechos concatenados ejecutados entre los años 2004 y 2010 produjeron un perjuicio económico de $ 1,3 millón”, calculó en el requerimiento.

Según Navarro Dávila, ese fondo fue directamente a parar al peculio de la gremialista acusada. “Altuve no presentó pruebas del acta de la asamblea de AGEJ por la cual los agremiados decidieron cobrar un plus a los postulantes del emprendimiento inmobiliario”, precisó. Y añadió que la imputada tampoco arrimó la documentación que acreditaba el registro de los pagos en los libros contables del gremio y la posterior utilización de los fondos. “Es decir, no hay constancias de que el dinero cobrado a los aspirantes a las viviendas haya sido destinado al funcionamiento del gremio, sino que, por el contrario, este representante del Ministerio Público Fiscal sostiene que entró directamente en el patrimonio de Altuve”, dijo.

La denuncia contra la gremialista ingresó a la Justicia Penal en 2010. En ocasión de celebrar la audiencia de declaración indagatoria, el fiscal dijo a Altuve que se la acusaba de haber llamado a convocatoria pública para inscribir a aspirantes a una vivienda del Barrio Judicial (Pocitos, Tafí Viejo) en forma indiscriminada e ilimitada, sin aclarar a los interesados que la convocatoria se restringía a los empleados de los Tribunales locales por expreso mandato de la Ley 6.923. Navarro Dávila expresó que Altuve actuó de esa manera para confundir a los presuntos estafados. Y que, a posteriori, les exigió los pagos improcedentes “sin haberlos devueltos jamás”.

El fiscal relató que Altuve negó los hechos; que afirmó que AGEJ autorizó la postulación de aspirantes no judiciales y que, luego, en 2012, la Legislatura removió el requisito de un empleo en Tribunales. En cuanto al aporte “en concepto de lote”, la imputada expresó que todas las entidades intermedias lo cobraban. “Nosotros cobramos un aporte mínimo de conformidad con una decisión de la comisión directiva”, explicó. También afirmó que entre los denunciantes había gente que ya tenía su casa y que los restantes la recibirían en diferentes etapas del plan.

Altuve manifestó que el gremio tenía autonomía para generar recursos propios. “Con respecto a la devolución del dinero, pese a que sí podemos cobrar, a todas aquellas personas que solicitan la devolución de lo que pagaron en su oportunidad como inscripción a un plan, se les hace la devolución de lo pagado, en algunos casos actualizado”, dijo. La gremialista ascendida el año pasado a secretaria judicial -por la Corte Suprema- aseguró que no se había enriquecido con los dineros cobrados a los postulantes. “Todo ello se invirtió en la planimetría”, acotó.