Paulina Alejandra Lebbos salió de un boliche en El Abasto con su amiga Virginia Mercado, y abordaron un remise en avenida Alem y pasaje José María Gutiérrez. Eran las 6.30 del domingo 26 de febrero de 2006, y las dos mujeres se dirigieron a La Rioja al 400. Allí vive Mercado, quien se bajó del auto, subió hasta su departamento para buscar la mochila con las pertenencias de Paulina, regresó y se la entregó. Escuchó cuando su amiga le indicaba al remisero que la llevara a Estados Unidos al 1.200.

La hija de Alberto Lebbos nunca llegó a destino. La encontraron sin vida el 11 de marzo de ese año en Tapia. Tres fiscales pasaron por una investigación de casi nueve años. Uno de ellos, Carlos Albaca, está siendo investigado por su rol durante la pesquisa. Fue su sucesor, Diego López Ávila, quien esta semana le puso punto final a la instrucción, y solicitó la elevación de la causa a juicio.

En el requerimiento que el fiscal hizo al juez Víctor Manuel Pérez, se acusa a Roberto Luis Gómez por la privación ilegítima de la libertad de Paulina seguida de su homicidio. López Ávila cree que el acusado la interceptó con otras personas que no lograron ser identificadas durante la investigación, la trasladaron por varios puntos de la ciudad, hasta que uno de ellos le efectuó “maniobras de compresión y estrangulamiento sobre el cuello”, según la imputación. Luego arrojaron el cadáver a la altura del kilómetro 2,8 de la ruta provincial 341, en Tapia.

El hallazgo

Eduardo Di Lella era secretario de Seguridad en 2006. Conocía que los baqueanos habían advertido la presencia de un cuerpo a la vera de la ruta, y se dirigió inmediatamente al lugar. Allí concertó con los entonces jefe de Policía Hugo Raúl Sánchez, subjefe Luis Nicolás Barrera y jefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito, atribuir a la Policía el hallazgo del cuerpo de Paulina.

Al describir la conducta que el fiscal le achaca a los cuatro ex responsables de la seguridad en la provincia, les imputó los delitos de encubrimiento real por resultar el hecho precedente especialmente grave cometido por funcionario público, abuso de autoridad, falsificación ideológica de instrumento público y coacción o amenaza condicionada.

El ex policía Hugo Waldino Rodríguez, en tanto, fue considerado partícipe necesario del encubrimiento y de la falsificación de instrumento público, y autor del delito de falso testimonio.

Sobreseidos

En otras dos resoluciones, el fiscal le solicitó al juez Pérez que dicte cuatro sobreseimientos. Por un lado, para Antonio Maximiliano Gallardo. Estuvo detenido por el homicidio, ya que una línea telefónica que estaba a su nombre había sido utilizada en el aparato celular de la víctima. Luego se determinó que le habían fraguado la firma cuando habilitaron ese número de teléfono.

Por otro lado, Luis Daniel Olivera estaba imputado como partícipe secundario del encubrimiento del crimen de Paulina. Testigos habían sostenido que el encargado de un camping de El Cadillal había ayudado a ocultar el cuerpo de la víctima, y que la muerte se había producido accidentalmente en una casa de esa localidad, propiedad de Alberto Kaleñuk. Pero el fiscal descartó esta hipótesis, y por eso pidió el sobreseimiento de Olivera.

Los “hijos del poder”

El segundo requerimiento de sobreseimiento contempla a Gabriel Alperovich, hijo del gobernador José Alperovich, y a Sergio Kaleñuk, hijo del secretario privado del mandatario, Alberto Kaleñuk. Los dos habían sido mencionados por testigos que aseguraron haber escuchado que Paulina falleció en una fiesta realizada en Raco o El Cadillal, al caer de una mesa o por abuso en el consumo de sustancias.

Sin embargo, el fiscal no habría encontrado ninguna prueba que diera sustento a estas versiones. Paulina murió por estrangulamiento manual y no accidentalmente, y no habría salido del ejido de la capital. Además, la conducta que esos testigos “de oídas” le endilgaban a “los hijos del poder” era que habrían encargado a otra persona que se deshiciera del cuerpo para no comprometerlos y evitar el impacto social y político. Es decir, un encubrimiento de las circunstancias de la muerte, delito que en el caso de Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk, de haberse cometido, se encontraría prescripto.

Voces

“Siempre creí en la Justicia y fui el único que se puso a disposición del fiscal para demostrar mi inocencia. Como siempre lo dije, me involucraron en este caso para dañar políticamente a mi padre”, expresó Gabriel Alperovich, al conocer el pedido de sobreseimiento. “Mi familia y yo sufrimos mucho este tiempo. Espero que la Justicia resuelva el caso y también que aquellos que lo han utilizado para dañarme y perjudicar a mis padres tomen conciencia de lo que hicieron”, añadió.

Alberto Lebbos, por su parte, se mostró cauto, aunque satisfecho con la decisión del fiscal. “A la causa, Albaca la destruyó como destrozaron el cadáver de Paulina. Tenemos que analizar ahora los fundamentos del requerimiento, pero el tiempo me dio la razón sobre las maniobras de encubrimiento que denuncié en estos años”, dijo.