El rol que tenía cada uno de los detenidos por las presuntas estafas en ventas de terrenos estaba claramente determinado. Unos se ocupaban de captar a los interesados en comprar terrenos; otros se hacían pasar por los supuestos propietarios; un “tal Arias” obtenía la documentación de los bienes a enajenar; y una estudiante de abogacía simulaba ser la escribana para dar fe de las operaciones.
Así habría funcionado la organización, de acuerdo a la descripción realizada por la fiscala de Instrucción de la I° Nominación, Marta Rivadeneira, en el requerimiento de prisión preventiva que realizó la semana pasada.
Las denuncias
Los casos investigados por Rivadeneira son dos. Se trata de matrimonios que en distintos momentos se contactaron con supuestos operadores inmobiliarios para comprar un terreno, en el marco del plan Procrear. El abogado Facundo Maggio, que representa a las dos parejas denunciantes, expresó que habría otros damnificados de esta presunta organización, quienes aún no se presentaron formalmente en tribunales.
En las estafas denunciadas, además de los operadores inmobiliarios existían quienes asumían la identidad de los verdaderos propietarios de los inmuebles, presentando documentos truchos.
Pero además de las seis personas que están detenidas, la investigación podría develar la participación de otros miembros. “Hay que profundizar sobre la posible responsabilidad de los profesionales intervinientes en la maniobra”, aseveró Maggio, en referencia a abogados y escribanos que podrían haber tenido alguna participación en las estafas, y cuyos nombres constan en el expediente.
Los intermediarios
De acuerdo al requerimiento de prisión preventiva, los encargados de publicar los avisos clasificados para reclutar a las víctimas, eran Rubén Oscar Moreno, Carlos Domingo Albornoz y Juan Benjamín Neville. Los tres reconocieron que solían trabajar en negocios inmobiliarios. “Se desenvolvían desde hace varios años en el rubro de la compra y venta inmobiliaria, con un manejo profesional”, consideró Rivadeneira. Albornoz y Moreno tenían tarjetas personales en las que se presentaban como miembros de una inmobiliaria. Sin embargo, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán informó que ninguno de los imputados tenía matrícula para desempeñarse en esa profesión.
Los falsos dueños
En una de las estafas investigadas por la fiscala, José Eduardo Herrera y Ester del Valle Rodríguez se habrían hecho pasar por los dueños de un terreno de Yerba Buena, exhibiendo documentos falsos. En la otra defraudación ese rol lo habría cumplido una mujer que hasta ahora no ha sido identificada.
Herrera y Rodríguez declararon, según fuentes tribunalicias, que Albornoz los había contactado, diciéndoles que no iban a correr ningún riesgo y que sólo debían firmar un papel. Sin mayores explicaciones, afirmaron, el hombre les solicitó una foto tipo carnet, que es la que habría usado para los DNI falsos. Rodríguez agregó que Albornoz era un tipo convincente, que decía que trabajaba para personas vinculadas al gobierno provincial.
Escribana trucha
Mirta Mariana Santillán, estudiante de derecho, “simulaba ser fedataria para la realización de la documentación y correspondiente formalización de las ventas ficticias y fraudulentas a los posibles compradores y víctimas”, según la acusación de la fiscala.
Santillán, cuando declaró en tribunales, negó haberse hecho pasar por una notaria. Pero cuando la detuvieron tenía en su poder tarjetas personales y un talonario de recibos, en el que se presentaba como “escribana pública nacional”. Las tarjetas, explicó Santillán en su declaración, se las habían regalado sus amigas para hacerle una broma.
Pero además la acusada figuraba en su perfil de Facebook que trabajaba como “Escribana Pública Nacional”, según registró la división Delitos Telemáticos y Económicos de la Policía.
La decisión de mantener detenidos a los seis acusados de integrar la asociación ilícita, o de liberarlos, será del juez de Instrucción Juan Francisco Pisa.