Rubén Eduardo “La Chancha” Ale “presenta un cuadro de salud que puede ser tratado y atendido en el centro penitenciario en el que se encontraba alojado o, en su caso, en un hospital controlado por el servicio penitenciario”, afirmó el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gómez, en el recurso de casación que presentó en contra de la prisión domiciliaria que le fue otorgada al ex presidente del club de fútbol San Martín, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero proveniente de diversos delitos.
La decisión de otorgar la prisión domiciliaria había sido tomada por la Cámara de Apelaciones el 23 de diciembre del año pasado, luego del pedido que el abogado Alejandro Biagosch había realizado a la Cámara Federal de Casación Penal, por el deterioro físico que estaba sufriendo Ale.
“La Chancha” está detenido desde diciembre de 2013, luego de una investigación que llevó adelante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que dirige Carlos Gonella. La prisión preventiva alcanzó a María Jesús Rivero (detenida en la cárcel federal de General Güemes, Salta), Fabián González (que estaba detenido en Jujuy y que el jueves fue trasladado a la Unidad Penitenciaria de Concepción), Roberto Dilascio y Víctor Alberto “Pelao” Suárez (prófugos). En octubre del año pasado, la prisión se extendió a Ángel “El Mono” Ale y a otras seis personas.
El supuesto líder de la asociación ilícita pasó un mes y medio en el hospital Penitenciario de Ezeiza, y el 30 de diciembre del año pasado llegó a su casa. Padece obesidad mórbida, mal de parkinson, hipertensión arterial, entre otras.
El objeto del recurso que presentó Gómez, es “que la Cámara Federal de Casación Penal decida que la detención de Ale se lleve a cabo en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal con asistencia hospitalaria, como Colonia Pinto, en Santiago del Estero, un penal federal moderno donde el imputado puede hacer sin inconvenientes la actividad física que los médicos le aconsejan o, en subsidio, en el Hospital Nicolás Avellaneda de la ciudad de San Miguel de Tucumán”, se explicó en el portal web del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Gómez alertó además que “esta decisión, de no ser revocada, habilitaría la posibilidad de volver a su accionar delictivo, a la amenaza de testigos y funcionarios y al entorpecimiento del accionar judicial”, dado “el poder de esta organización y su capacidad corruptora, con vínculos con personal de la Policía de la provincia de Tucumán, Gendarmería Nacional y hasta un integrante del Poder Judicial Federal”.
Mientras tanto, continúan las actuaciones reservadas que ordenó el juez Federal Fernando Poviña, luego de que el detenido González denunciara que un funcionario del Juzgado Federal N° 2 era quien filtraba información al clan Ale, para que de esa manera puedan evadir los allanamientos y las detenciones.