El revés electoral del 30 de octubre de 1983 provocó un sismo que conmovió profundamente la estructura justicialista. Y Tucumán no era una isla en ese contexto revuelto. Si bien el justicialismo había retenido la gobernación, la UCR se perfilaba como una amenaza concreta, con representación en las dos cámaras (Diputados y Senadores). La existencia de un presidente de ese signo reforzaba la percepción del peligro de pérdida del poder. Por lo demás, el PJ comarcano enfrentaba divisiones internas generadas por la colisión de los liderazgos de Fernando Riera y Amado Juri. Aflorarían, sin embargo, nuevos focos de tensión interna.

El dinamismo que exhibía el proyecto alfonsinista no pasó inadvertido para la dirigencia peronista en 1984. La elección de renovación legisladores provinciales y de diputados nacionales de 1985 interesaban vivamente a radicales y justicialistas. Se trataba de una prueba de fuego para ambos partidos.

Ordenar la casa

Una corriente interna (Cabildo Abierto del Peronismo) planteaba que debía apelarse al voto directo del afiliado para designar postulantes a puestos electivos. Hasta entonces esa atribución era ejercida por el congreso provincial. Regía la elección indirecta. En la UCR, en cambio, los comicios internos estaban incorporados al ADN de sus afiliados.

Los congresales peronistas citados para el 9 de julio de 1984 no discrepaban sobre la reivindicación de la soberanía del afiliado. La asamblea decidió, en efecto, que el consejo provincial llamara a elecciones directas para integrar las listas de aspirantes a ocupar bancas legislativas provinciales y nacionales.

La discusión se encendió cuando se conoció la lista de congresales que debían dejar el cuerpo por incompatibilidad estatutaria.

Un ministro protesta

Esa cuestión salió a luz por la renuncia de Riera a la presidencia del PJ, arguyendo su condición de gobernador.

El congreso debía resolver a quiénes afectaría la causal de incompatibilidad. La cláusula aprobada por el congreso incluía a los diferentes funcionarios del Ejecutivo, desde el gobernador hasta los directores de organismos autárquicos, centralizados y descentralizados. A los legisladores se los exceptuaba del impedimento.

La comisión que estudió los diplomas aconsejó la desvinculación del ministro de Economía, Osvaldo Cirnigliaro; del farmacéutico Luis Alberto Vitar (director de la Caja Popular de Ahorros); y de Benito Fajre Paz, Miguel Ángel Pastorino y Marta Elena Díaz.

Ese dictamen puso de relieve que había disidencias dentro de la rierista lista Celeste, porque Cirnigliaro se ubicaba entro de ese espacio. Se abría una contienda que se prolongaría durante casi toda la década del 80 en el mundo peronista.

El ministro alegó que no fue candidato ni tampoco electo, sino que había sido designado colaborador del gobernador. Vitar se resistió también, argumentando que su cargo estaba encuadrado en el Estatuto del Bancario y que cumplía tareas administrativas en la Caja Popular. Atacó, además, a Miguel Nazur, por haber pertenecido a los grupos que conspiraron contra el gobierno de Perón en 1955. En su descargo, Nazur explicó su posición en ese año.

Finalmente, los funcionarios renunciaron en medio de la algarabía general.

Pacto en acción

El 16 de diciembre del 84 se estrenó el cambio de reglas. Los afiliados, por primera vez, votaron candidatos a legisladores locales (diputados y senadores) y a diputados nacionales. En las urnas prevaleció la lista Celeste Unidad, fruto del acuerdo entre Riera y Juri. La conducción de Riera quedó fuera de controversia y la democratización interna llegó.