En el comienzo del año electoral, todo indica que la relación política y financiera entre la Provincia y algunos de los 19 municipios no será como en la última década alperovichista. Ayer, el intendente de Famaillá, Enrique “Mellizo” Orellana, le envió una nota al gobernador José Alperovich en la que plantea “la compleja situación económica” que atraviesa ese distrito; y señala que esa situación fue “ocasionada en gran medida por la remisión insuficiente de fondos desde hace un año a través del ‘Pacto Social’”. El dirigente massista, en su texto, le reprochó al jefe del Poder Ejecutivo (PE) que Famaillá recibió $ 5,9 millones para salarios, cuando necesita al menos $ 8 millones para funcionar.
“Quieren mi cabeza para tener en línea a los demás intendentes, y esto duele mucho porque hoy (por ayer) vemos a la presidenta (Cristina Fernández) anunciando una nueva refinanciación para los gobernadores, cuando nosotros jamás hemos tenido la oportunidad de discutir nuestra deuda con la Provincia”, aseguró el jefe municipal de Famaillá, en diálogo con LA GACETA.
Tras 14 años de vigencia, el 31 de diciembre de 2014 caducó el “Pacto Social”, un régimen ideado por Alperovich cuando era ministro de Economía de Julio Miranda. Este sistema establecía que la Provincia garantizaba el pago de la planilla salarial del municipio (“Pacto Sueldos”) e inversiones en cordón cuneta, pavimento y otras tareas similares (“Pacto Obras”). A cambio, los intendentes cedían los recursos de coparticipación federal a las arcas provinciales. Fueron 13 los municipios que adhirieron íntegramente al “Pacto Social”; ocho se inclinaron únicamente por el “Pacto Obras”; La Cocha fue la única que se mantuvo al margen de este sistema. Llamativamente, es la que menos adeuda al Ejecutivo: $ 500.000.
El 31 de diciembre, el gobernador firmó un decreto que revelaba la deuda exigible a las 19 intendencias. El total alcanza los $ 2.173 millones. La Capital encabeza ese ranking, con $ 418 millones; Famaillá está sexto, con $ 135,7 millones.
Esta semana, el secretario de Gobierno de San Miguel de Tucumán, el amayista Germán Alfaro, le pidió al gobernador a través de LA GACETA que la Casa de Gobierno proponga una refinanciación de las deudas a los municipios en 200 cuotas, como hizo la Nación con las provincias. El massista Orellana se sumó a esa exigencia. “Para hacer frente a las obligaciones que nuestro municipio mantiene con el Gobierno provincial, (solicito) un año de gracia y prorratear el pago en 20 años”, indicó “El Mellizo”. Pero instó a que se discuta y negocie el monto de esos compromisos. “Le quiero poner en claro que el dinero que nos corresponde por ley en forma mensual por recursos de coparticipación federal es una suma mayor a la que se nos venía entregando por el ‘Pacto Social’”, redactó en su planteo el intendente massista.
Orellana, en su carta a Alperovich, indica sin vueltas que no firmará “el acta compromiso propuesta el 29 de enero pasado hasta tanto se garantice el desembolso mensual de la suma solicitada ($ 8 millones)”. “El Mellizo” propuso que, si no se refinancia la deuda y no se escuchan estos planteos, “se anulen todos los acuerdos firmados oportunamente y se libre la afectación de los fondos en concepto de Coparticipación Federal, Fondo de Desarrollo del Interior y Fondo Federal Solidario, que por ley corresponden a Famaillá”.
Luego, en diálogo con LA GACETA, expresó su preocupación porque el municipio debe afrontar mensualmente gastos por $ 8,9 millones, entre sueldos de planta permanente, de contratados y gastos de funcionamiento. “La Provincia nos está dando $ 5,9 millones, que sólo es para los de planta permanente. Son $ 3 millones cada mes que debemos cubrir. No negamos nuestra deuda, pero esta no es la forma de cobrarla”, afirmó Orellana.