El “Pacto Social”, como lo conocieron los intendentes tucumanos desde 2000, cuando José Alperovich era ministro de Economía de Julio Miranda, ya no existe. Con la llegada de 2015, la normativa de renovación anual que les garantizaba a los municipios el pago de sueldos y de obras, a cambio de la cesión de sus recursos por coparticipación al Poder Ejecutivo (PE), pasó a la historia. Por ello, los intendentes han estado trabajando en alternativas de financiamiento. Y uno de los mecanismos que más polémicas generó fue el utilizado por Domingo Amaya, jefe municipal de San Miguel de Tucumán.

Los concejales de la oposición cuestionaron con dureza el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el funcionario capitalino el 30 de diciembre pasado, en el que establece que “la cancelación de las obligaciones que se generen en virtud de la obtención de asistencia financiera -destinada a atender obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y de obras públicas durante el ejercicio 2015-, será paliada con la afectación de la sesión de recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal y Provincial”.

El edil José Luis Avignone (Unión Cívica Radical) protestó porque la Intendencia considera que la normativa quedó firme, ya que pasaron 10 días sin que tuviera tratamiento del Concejo Deliberante. “Eso no es como dice la gestión municipal. La ordenanza N° 2.372 -que regula estos decretos- establece que si el cuerpo colegiado no ratifica el DNU en ese lapso, el mismo ‘se considera nulo de nulidad absoluta, y carente de validez legal’. Por eso le envié una nota al intendente, en el que expreso que el instrumento carece de validez. Y si peco de algún error, es producto de que al tratar de recabar información no me fue facilitada la documentación necesaria (desde el Ejecutivo Municipal)”, afirmó Avignone. Y señaló que los empleados del área municipal encargada de aportar esa información pusieron como excusa que “estaban envueltos en llamas”.

La concejala Sandra Manzone (Coalición Cívica-ARI) calificó el DNU como “nulo”, y aseguró que Amaya se manejó “de espaldas al pueblo” por no haber acudido al cuerpo vecinal. “No caben dudas de que en la acción de la Intendencia hubo reiterados vicios que convierten en nula la norma. La ordenanza 2.372 del año 1996, que reglamenta los DNU, es clara cuando dispone la obligación de que cada decreto sea remitido al Concejo para su consideración y ratificación. Y, en caso de que el cuerpo esté en receso, el texto debe estar acompañado por la respectiva convocatoria a sesiones extraordinarias para su tratamiento”, dijo Manzone.

Según la opositora, el “manejo” de Amaya consistió en haber omitido ese llamado al recinto, sabiendo que el 29 de diciembre había terminado el período de reuniones ordinarias. “Todo lo que se ha hecho aquí se hizo a espaldas del Concejo Deliberante, y fundamentalmente, a espaldas de la ciudadanía”, aseveró la opositora.

El republicano Claudio Viña también objetó el DNU que firmó Amaya para lograr un convenio similar al “Pacto Social” con el PE. “Pareciera que Amaya no se dio cuenta de que no puede endeudarse sin autorización del Concejo. Digo esto porque ese decreto que firmó no es más que una expresión de deseo y, por qué no, de debilidad”, expresó el edil de Fuerza Republicana (FR). Y detalló que “es una expresión de deseo porque, en su proyecto del Presupuesto Municipal 2015, se le retiró durante el debate en el recinto el artículo que le permitía endeudarse sin monto y a su voluntad. Para tomar crédito debe ser autorizado sí o sí por este cuerpo”, destacó Viña. Y agregó que esta medida “es además una señal de debilidad porque ‘toreó’ durante todo 2014 con que quería salir del ‘Pacto Social’ y con que quería ser autónomo. Finalmente, cuando no habían pasado 20 días de comenzado 2015, ya había gestionado asistencia financiera de la Provincia”.

El republicano criticó al intendente por haber “cedido la autonomía” a lo largo de estos años con el “Pacto Social”. “Se nota a las claras que ese cordón umbilical de los municipios con el PE sólo sirvió para el día a día y no para evolucionar, ya que luego de 11 años de gestión seguimos viviendo de prestados. Es inminente una auditoría externa de la deuda pública de la Capital antes de que Amaya deje la Intendencia, ya que los montos difieren en varios millones según el vocero y la línea política del informante”, remarcó el concejal republicano.

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse, del Frente Renovador, calificó por su parte como “un acto inconstitucional” el DNU firmado por el intendente Amaya. “Cualquier asesor de su entorno debería haber advertido (la ilegalidad de esta norma). Esto además demuestra una tremenda improvisación de quienes durante 11 años no tomaron las previsiones de administración y gestión para hacer funcionar el municipio sin ayuda del gobierno”, expresó el massista.

A la vez, recordó los números de las finanzas de la Capital. “San Miguel de Tucumán es uno de los municipios más endeudados del país, con un pasivo (exigible de) $ 418 millones. Una decisión de esa naturaleza, como la de tomar créditos para asegurarse sueldos, debe pasar inexorablemente por el Concejo Deliberante, a menos que haya alguien piense que Amaya es Luis XIV”, señaló el ex diputado.

A raíz de esta especie de “pacto social” que generó el intendente Amaya, las versiones de un acercamiento político con Alperovich llegaron a la oposición. Las dudas pasan por si este acuerdo financiero repercutirá en los armados electorales.