Paulina Lebbos hubiera cumplido 32 años el jueves pasado. No pudo hacerlo. El 26 de febrero de 2006, cuando la asfixiaron, le robaron todo. Todo lo que fue: mujer, estudiante, hija, trabajadora, madre... Y todo lo que pudo haber sido: feliz con su niña, que el 6 de febrero cumplirá 14, y que la hubiera enorgullecido por su desempeño escolar y su vocación artística.

El asesinato de Paulina Lebbos, en cambio, festejará en semanas nueve años de celebrada impunidad. Porque ese no es un crimen sin resolver sino una bacanal del delito sin castigo, organizada por el poder para empachar a todos y a todas del más puro abuso de autoridad.

La canallada

La aberración es tanta que sirve, como pocos ejemplos, para mostrar la diferencia entre la expectativa y la esperanza. Alberto Lebbos sólo sabe de la primera. El fiscal Diego López Ávila, a finales de diciembre, le aseguró que durante la feria de este enero se dedicará a prefigurar el pedido de elevación a juicio oral contra ex funcionarios denunciados de encubrir.

La actuación policial destinada a ocultar a los asesinos está probada por la Justicia tucumana. En diciembre de 2013, Enrique García fue condenado a cinco años por el encubrimiento agravado del crimen; Manuel Yapura recibió cuatro años de pena por el mismo delito; y a Roberto Lencina le dieron dos años de prisión condicional por falsificación de instrumento público, es decir, por falsear un acta. El primero era jefe de la comisaría de Raco cuando Paulina apareció sin vida en Tapia. Los otros dos eran agentes.

Durante ese proceso sustanciado hace 13 meses, el jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía, Luis Núñez, sorprendió a propios y extraños cuando declaró que Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad), Hugo Sánchez (ex jefe de Policía), Nicolás Barrera (ex subjefe de la fuerza) y Héctor Brito (ex jefe de la Unidad Regional Norte) querían retirar el cuerpo de la tucumana antes de que se hicieran las pericias.

Lebbos espera que a estos ex colaboradores del alperovichismo se los juzgue, también, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios. Presuntamente, claro está. Pero no alberga esperanzas. “Los policías de Raco sentenciados no están cumpliendo la condena. Apelaron el fallo y no hay plazos para resolver la casación. No sólo pueden pasar años, sino que todo puede quedar en nada. Lo sé por experiencia propia: me usurparon una propiedad, gané el pleito judicial, pero lo apelaron ante la Corte y ahí prescribió”, relata el huérfano de hija, en el Estado del sinsentido.

El papá de Paulina le teme a la canallada de la cooperativización de las responsabilidades. Los tribunales penales tucumanos afrontaron 48.000 causas en 2012; 61.000 en 2013 y casi 75.000 el año pasado. Entonces, tiene pesadillas con que le digan que la alta “conflictividad social” crea una situación “compleja”, por culpa de “la sociedad”. Pergeñar un crimen perfecto, en Tucumán, debe ser baladí para los criminales. Mejor asesinar y que, por obra del Estado encubridor, la culpa le sea de las víctimas...

Fue la Década Perdida para las políticas en materia penal. Nombraron más policías, pero no habilitaron más fiscalías ni más juzgados para atender la inseguridad que se sentaron a ver cómo se desbocaba. La democracia pavimentadora sólo sabe asfaltar. Las tragedias colectivas le importan menos que un cordón cuneta. El Señor Estado no está para esas cosas...

La dentellada

“También estamos convencidos en mi familia de que será muy difícil encontrar un culpable, por todo el daño que le han hecho a la causa”, confiesa Lebbos, mutilado por la injusticia. La boca del poder aspira a tragarlo todo, pero cuando le da la dentellada a Paulina, entre sus dientes la verdad se filtra alrededor de la palabra “causa”. Más que una causa judicial, debería ser una causa común. El poder puede morder a muchos, pero no puede morder a todos.

El crimen de Paulina sólo es un homicidio en la madrugada del 26 de febrero de 2006. En los nueve años que siguieron se convirtió en un ataque contra la democracia y su sacramento de la igualdad ante la ley: la pena se aplicará a todo el que delinca porque no hay aquí prerrogativas de sangre, títulos de nobleza ni fueros personales. Un ataque contra la república y su mandamiento de que los poderes del Estado se contrapesan en lugar de complotarse para negar justicia a una comprovinciana ultrajada. Un ataque contra la forma de vida que prefiguran las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución, sintetizadas en el credo de que las personas son sagradas para las personas.

La mentira

¿Como no va a ser Paulina una causa común después del atentado de los uniformados? Cuando su cuerpo apareció el 11 de marzo de 2006, los agentes le avisaron al fiscal cuatro horas después. En el acta se anotó que el hallazgo se produjo tras un rastrillaje sin precedentes. La verdad es que la Policía nunca encontró nada: con el cadáver dieron dos baquianos. Ojalá sólo hubieran mentido en eso. Pero no.

Paulina, sin vida, fue movida. El lugar del hecho, desbaratado. Las primeras fotos, escondidas. La escena, cambiada. Las actas, adulteradas. Las firmas, falsificadas. Los testigos, amenazados. Todo esto, según informaron oportunamente Gendarmería y la Policía Federal.

La hipótesis

¿Cómo no va a ser Paulina una causa común después del atentado judicial? El entonces fiscal de Instrucción Alejandro Noguera fue apartado de la investigación tras una sorpresiva reunión con José Alperovich. “Necesito ayuda para investigar”, dijo a LA GACETA el 19 de abril de 2006 a las 22.15, cuando salía de la residencia del gobernador, el ahora fiscal de Cámara.

Fue ese mismo año, cuando renunció a la Secretaría de la Juventud, que Lebbos denunció a las autoridades de Seguridad que hoy (casi una década después) espera llevar a juicio.

La causa, entonces, pasó al ex fiscal Carlos Albaca, quien le negó al padre de la víctima el rol de querellante y, con ello, la posibilidad de saber qué se estaba haciendo, y qué no. Siete años estuvo el expediente en manos de ese ex funcionario. Gracias a la presión de las incesantes marchas de Lebbos (algunas fueron multitudinarias; en otras, él y un militante del Partido Obrero que nunca lo abandonó se abrazaron a llorar de soledad bajo la lluvia), Albaca elevó un informe a la Corte. Había ocho hipótesis. Una era la de “los hijos del poder” detrás del crimen. No existía un solo imputado.

Lebbos pidió copia del expediente. Se la negaron. Sólo Bernardo Lobo Bugeau, el único que se fue del Gobierno en 2006 en solidaridad con el padre de Paulina, consiguió acceder a los 74 cuerpos del caso, en calidad de delegado de la Nación. Le prohibieron fotocopiar, fotografiar o escanear. Tomó nota a mano. Y Lebbos apuntó contra la familia del gobernador.

Albaca dejó la causa y cuando la tomó López Ávila se resolvió someter a una prueba de ADN a los 12 mencionados en el expediente. Pero el pelo que habían encontrado entre las ropas de la víctima no había sido preservado. El mayor elemento de prueba estaba arruinado.

La afrenta

¿Cómo no va a ser Paulina causa común después del atentado de los poderes políticos? Ante el escándalo, la Corte ordenó un sumario. La fiscala de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira sostuvo que Albaca actuó con negligencia, indolencia y ligereza. “No fue diligente tratando de descubrir la verdad con la mayor brevedad, sino que dejó que los avatares del proceso amortigüen el dolor y el clamor público (...), con el consecuente peligro de que las pruebas se estropeen o se pierdan”, lapidó, premonitoria.

Albaca, en su descargo, pretendió que Alberto Lebbos no había sido un buen padre; y expresó que Paulina era sexualmente “intrépida (…) y capaz de emprender acciones temerarias”. Después presentó su renuncia para acogerse a la jubilación con el 82% móvil y el gobernador se la aceptó. El mismo Alperovich que le negó la dimisión a dos camaristas del caso Verón (no era suficiente explicación que las atrocidades de la Policía en la etapa de instrucción impidieran contar con pruebas condenatorias de los 13 imputados de secuestro y sometimiento a la prostitución), aceptó sin demora la renuncia del fiscal (no era suficiente obstáculo el hecho de que la misma Justicia sostuviera que él malogró la investigación para esclarecer el asesinato de una madre tucumana).

Esa precaria renuncia condicionada bastó a legisladores y legisladoras alperovichistas para archivar -con la disidencia de FR- los pedidos de juicio político del PRO y la UCR. Pero resultó que Albaca reunía las condiciones sólo para la jubilación ordinaria, entonces, siguió siendo fiscal. Una afrenta a la honorabilidad de la Legislatura perpetrada por sus miembros.

Albaca, por nota, pidió al mandatario que no anulara la aceptación de la renuncia, porque seguía haciendo gestiones. El alperovichismo parlamentario le había dado valioso tiempo. Y aunque el PRO insistió con el pedido de remoción, el fiscal logró que la Anses (manejada por esos funcionarios de La Campora tan afectos a llenarse la boca con los derechos humanos) determinara en cuestión de días -un par de trámites mediante- que ahora sí podía jubilarse con el beneficio de la movilidad y la porcentualidad.

La Patria

Si la de Paulina no es causa común, el Estado habrá probado que, aún en democracia, puede hacer cualquier cosa contra un tucumano, sin que nada pase. De ser así, el año que viene, antes que Bicentenario de la Patria, se conmemorará aquí la primera década de la patria encubridora. Por caso, ya es esta una Nación de habitantes horrorizados por los atentados en París contra la revista Charlie Hebdo y un supermercado de comida kosher, cuyos gobernantes son denunciados por fiscales de encubrir a los autores intelectuales del atentado a la AMIA.

“Nadie es la patria, porque todos la somos”, advirtió Jorge Luis Borges. Nadie dejará impune el crimen de Paulina si todos somos Paulina.