La mayoría de los organismos de derechos humanos (DDHH) en Tucumán aún no asumieron una postura sobre el jefe del Ejército, César Gerardo del Corazón de Jesús Milani, imputado en la causa que investiga la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, ocurrida en Monteros, el 17 de junio de 1976.
El 23 de diciembre, el fiscal federal N° 1, Carlos Brito, pidió al juez federal N° 1, Daniel Bejas, que cite a prestar declaración indagatoria a Milani. El fiscal considera que Ledo no había desertado -como oficialmente el Ejército había comunicado a la familia de aquel-, sino que había sido privado ilegítimamente de la libertad y, luego, asesinado; y que el militar habría intervenido en los hechos con el supuesto carácter de encubridor y de falsificador de documentos públicos. Y es que se supo que el acta de deserción -supuestamente confeccionada y firmada por Milani- había sido falsificada. Entre las anomalías que detectó Brito en la copia certificada del acta figuran una carátula tachada (la palabra “Accidente”, mecanografiada, aparece rayada; y junto a esta se escribió a mano “Deserción”), y fechas y lugares inconsistentes. Por ello, el fiscal pide que se impute al militar por la supuesta comisión de los delitos de falsificación de un documento público, y de encubrimiento del secuestro y del asesinato de Ledo. La defensa de Milani recusó a Brito con el argumento del “temor de falta de objetividad”, entre otros. El fiscal rechazó el cuestionamiento, que debe resolver Bejas.
Decisión
“Respecto de este tema (Milani), las Madres conversamos en un encuentro y resolvimos no hacer ningún tipo de declaración en los medios”, se excusó la referente local de Madres de Plaza de Mayo Sara Mrad, ante la consulta de LA GACETA.
La organización Familiares de Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc) tampoco cuenta actualmente con una opinión sobre Milani. “Aún no lo discutimos; esta semana puede ser que nos reunamos para charlar este tema únicamente”, respondió la presidenta de Fadetuc, Virginia Sosa.
Tampoco dio cuenta de una posición institucional Pablo Gargiulo, miembro de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). “Sobre la cuestión Milani en particular, sería irresponsable de mi parte adelantar una posición de Andhes, porque no tuvimos oportunidad de charlarla. No podría decirte cuál es la posición de Andhes, porque no hay posición”, reconoció. La última postura de Andhes, respecto de Milani, data de julio de 2013, en el marco del entonces inminente nombramiento del militar al frente del Ejército. Finalmente, Milani fue designado en diciembre de ese año. “Como organización de DDHH, y atento a las denuncias ventiladas, Andhes espera se profundicen las investigaciones y el Senado esté a la altura de las circunstancias para hacer respetar los estándares requeridos para un puesto de tal envergadura”, señalaba la organización en aquel comunicado.
Varios miembros de Andhes ocupan cargos en el Gobierno nacional, mayormente en el Poder Judicial. Un caso es el de Pablo Camuña, recientemente designado para la Fiscalía federal N° 2 de Tucumán. El diputado José Cano había cuestionado a Camuña, porque este había archivado una denuncia que involucraba a Milani en el Operativo Independencia. En su informe a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, Camuña había señalado que de la investigación “no surgieron elementos que aconsejaran o se bastaran para sostener una acusación seria contra el militar”.
Ratificación
Por el contrario, la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos), ratificó la postura que había asumido durante los días previos a que Milani fuese designado al frente del Ejército por la presidenta, Cristina Fernández. “Tenemos una posición tomada desde siempre; es decir, no es una posición asumida ahora, a raíz de los nuevos sucesos, sino que mantenemos la que hicimos pública en diversos reportajes y documentos desde el inicio: tanto Milani como cualquier otra persona sospechada de haber participado del terrorismo de Estado, de haber formado parte del plan sistemático de exterminio, debe ser investigada”, afirmó la referente de Hijos en Tucumán Natalia Ariñez. Y precisó que el hecho circunstancial de que ostente la jefatura del Ejército no lo exime: “debe ser investigado, como corresponde, como cualquier persona”.
Ariñez no consideró extraña la demora en el avance de la “causa Ledo”, que se inició en 2007 y se reactivó en 2013, a partir de las críticas que se dieron en el marco del ascenso de Milani, paso previo a su designación como jefe del Ejército. “A lo largo de todos estos años hemos vivido las idas y vueltas de las cuestiones judiciales. Debimos esperar muchos años para lleguen a juicio oral causas emblemáticas en la provincia; sabemos de la dilación de la Justicia. Pero más allá de eso, la posición sigue siendo la misma”, afirmó. Además, se refirió a la posibilidad de que Milani, en efecto, aparezca involucrado en el Operativo Independencia: “la Justicia deberá ver si Milani (actuó en ese tiempo en Tucumán)”. En ese marco, explicó que se está llevando a cabo la instrucción de esa causa. “Venimos remando y peleando para que avance; es una causa muy importante para nosotros, en la que somos querellantes”, concluyó.