Una nueva denuncia penal se tramita en los tribunales federales en contra de funcionarios actuales y pasados de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Los abogados Nicolás Pedro Brito y Daniel César Erimbaue, en representación del empresario de la construcción Emilio José Ladetto Ortiz promovieron una querella criminal contra el ex rector Juan Alberto Cerisola, contra su sucesora, Alicia Bardón, y contra Olga Cudmani, Jorge Varela, Mario Cechín, Carlos Prieto y María Teresa Guaraz, por el delito de defraudación.
De acuerdo con el texto, la firma Ladetto Ortiz realizó múltiples obras en distintas dependencias de la UNT, entre 2008 y 2012. Estos trabajos -siempre según el contenido de la denuncia- fueron requeridos y contratados por la Dirección de Construcciones Universitarias (DCU), representada por Cudmani (por ese entonces, a cargo de la dependencia), Varela y Cechín.
Algunos trabajos
Entre las obras enumeran: remodelación y refacción del ingenio azucarero del centro universitario Ingeniero Roberto Herrera (ex Quinta Agronómica), remodelación y ampliación de la sede de la DCU, remoción y remodelación completa de la entrada y vereda del Rectorado, vereda y cerca perimetral de la ex Quinta, construcción de la cerca y vereda perimetral del centro universitario Julio Prebisch, vereda perimetral de la Facultad de Artes, caminería interna con adoquines de la ex Quinta y la remodelación total del Museo de la UNT.
“En un comienzo, la relación contractual fue desarrollándose dentro de parámetros normales y de buena fe. (Pero luego) empezó a tomar cuerpo una maniobra urdida con el fin de tornar ilusorio, litigioso o imposible los emolumentos obtenidos a resultas de construcciones concluidas y recibidas de plena conformidad, con fines delictivos en el patrimonio de Ladetto Ortiz. El ardid comenzó a consumarse con la ocultación de los documentos que daban cuenta de las obras”, afirman los denunciantes.
Según lo expresado por los abogados en el escrito -presentado el 19 del mes pasado-, algunas obras se pagaron en forma parcial, lo que fue generando una deuda: “surge la diferencia impaga de ($ 7,5 millones), con más su debida actualización e intereses a la fecha efectiva de pago”. Añaden que los funcionarios de la UNT empezaron a discontinuar los pagos. “No obstante se solicitaba la construcción de nuevas obras, atento a la confianza que habían logrado ganarse de nuestro mandante, los pagos comenzaron a interrumpirse a partir de 2012, pese los innumerables reclamos e intimaciones vía epistolar”, advierten.
Entrevista
Incluso, mencionan que los representantes de la empresa constructora se entrevistaron con funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNT y con el letrado instructor del expediente administrativo. “Manifestaron desconocer no tan sólo la relación contractual, sino también las obras que se realizaron, poniendo en evidencia la maniobra urdida con el fin estafatorio del que (Ladetto Ortiz) ha sido víctima”, denuncian.
Por todo ello, Brito y Erimbaue solicitan que se oficie a la DCU y a la Secretaría de Planeamiento de la UNT para que remitan toda la documentación relacionada con la empresa de Ladetto Ortiz, para que informen si las obras que adjuntan a la denuncia fueron realizadas por esa constructora, y si estas fueron facturadas, conforme normativa vigente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y remitan la consiguiente documentación. Además, piden que se los tenga por querellantes y que se cite a los denunciados a declaración indagatoria.