Sólo un juez en actividad, Carlos Caramuti, asistió a la última reunión de la comisión encargada de elaborar un anteproyecto de reforma procesal penal. A su lado estaba Ana Lía Castillo de Ayusa, magistrada jubilada en 2013. Por segunda vez consecutiva faltaron los fiscales Adriana Gianonni y Edgardo Sánchez (dijo que tenía un problema personal); el defensor Hernán Molina y el camarista Eudoro Albo. Esta ausencia “masiva” dominó la conversación entre los miembros presentes del poder político, que ya disponen de un borrador, y que se ilusionan con presentar el texto definitivo entre marzo y abril.

“Quiero que sepan que enviamos notas al Poder Judicial y el Ministerio Público instándolos a que envíen a sus representantes a la reunión (del 16 de diciembre pasado), pero no hemos tenido una respuesta formal”, comentó Ramiro González Navarro, legislador oficialista y titular de la comisión, al referirse a la falta de quórum (tampoco asistieron Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital; los legisladores Regino Racedo -FpV-, Guillermo Gassenbauer -FpV-, Gerónimo Vargas Aignasse -Frente Renovador- y José Manuel Páez -DC-, y los funcionarios Paul Hofer, Jorge Posse Ponessa y Humberto Rava -envió a dos emisarios: Domingo González y Fernando Sosa Padilla-).

“Advertimos que la reforma procesal penal de la Nación avanzó más rápido, aunque es cierto que ese proyecto era antiguo. Siguiendo el impulso de Marcelo (Caponio, legislador oficialista con licencia, y actual secretario de Gobierno y Justicia), vamos a cumplir nuestro cometido”, prometió González Navarro, y propuso pedir una audiencia con la Corte y con el ministro público Edmundo Jiménez. “Hay que empezar a debatir en serio si queremos la reforma”, añadió.

Caponio, ex presidente del comité, aseguró que Jorge Gassenbauer, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, advertía la necesidad de modificar el actual código, que está en vigor desde 1991. “El ministro tiene una decisión política tomada y nos apoya”, afirmó. Ariel García, legislador de la UCR, subrayó la ausencia de los representantes de la Justicia (fueron nombrados por la Corte Suprema con la anuencia del anterior ministro público, Luis De Mitri). “Tenemos que reflexionar sobre eso. Me interesa conocer si en el oficialismo existe voluntad para que esto no termine siendo una puesta en escena”, manifestó.

Caramuti dijo que la reforma procesal penal debía ser una política pública: “no pertenece a un sector ni a un gobierno en particular sino a la dirigencia en su conjunto”. La apreciación no dejó contento a García, que arremetió: “es curioso que para conseguir determinadas normas visiten al gobernador y no vengan a la comisión. Yo quiero que concurran aquí, a la Legislatura, a dar el debate y la discusión”. Al respecto, Caponio precisó: “sobre todo llama la atención la falta de representación del Ministerio Público” (Sánchez, Gianonni y Molina). González Navarro expresó que la clase política estaba dando un ejemplo y que ello debía calar en los operadores judiciales, que habían sido los que iniciaron el proceso de cambio (mediante un fallido plan piloto). Conciliadora, Castillo de Ayusa postuló que los poderes del Estado, los colegios profesionales, la Asociación de Magistrados y las universidades debían pronunciarse sobre el borrador existente. Sergio Faiad, representante de los abogados del sur, oyó la discusión en silencio.

Dos años en julio

La inquietud por la inasistencia de los representantes de los Tribunales fue a continuación planteada a los propios vocales de la Corte en una audiencia celebrada a fines de diciembre. Un asistente comentó que Antonio Gandur (presidente), Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse recibieron a los miembros de la comisión (ni el juez René Goane ni el ministro público Edmundo Jiménez participaron del encuentro, pese a que estaban invitados).

En ese ámbito, integrantes del comité dijeron que sabían que la ausencia de Sánchez, Gianonni y Molina, y hasta de Albo obedecía a una orden de Jiménez, que expresó públicamente su desacuerdo con un proyecto que se propone desterrar el expediente y oralizar la investigación penal preparatoria. La Corte, sin embargo, ratificó la necesidad de la enmienda y a sus representantes en el comité, según las fuentes consultadas.

El 4 de julio, la comisión especial cumplirá dos años de existencia, y todavía no ha procedido a debatir en detalle y en el plenario sobre las modificaciones que pretende implementar.