Fernando Ganami consiguió que la Justicia reconozca su derecho a intervenir en el juicio que inició la concursante Carmen Fontán contra el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para voltear la designación del director de la Escuela Judicial. La resolución favorable al funcionario fue firmada por Sergio Gandur, presidente de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en el último día judicial hábil de 2014. El magistrado, en cambio, nada dijo respecto de la petición de Ganami para que Isabel Rico Velaz, secretaria académica, se incorpore al litigio.

En el escrito mediante el que pidió participar en el juicio, Ganami expresó que era el legítimo propietario del derecho a ejercer como director de la Escuela Judicial como consecuencia de la sustanciación de un concurso público de antecedentes, oposición y entrevista celebrado según el reglamento y con la conformidad de Fontán (esa postulante ganó el proceso de selección, pero el CAM eligió a Ganami, que ocupaba el segundo lugar de la terna). El ex asesor de la presidenta Claudia Sbdar y prosecretario del órgano (con licencia) designado en forma discrecional defendió la facultad de los consejeros para nombrar director a cualquiera de los ternados, e insistió en que dicha potestad no había sido objetada por Fontán. “(La concursante) ha consentido y aprobado cada una de las instancias del concurso”, manifestó.

Ganami dijo que Fontán había generado un “relato” a partir de cortar y pegar diferentes versiones periodísticas. En ese afán y, según su criterio, mezcló actos propios de un concurso en el que ella no era parte: “tal es la situación de una supuesta -e injuriosa y falsa- relación de mi persona con un jurado (Diego Duquelsky Gómez) del concurso para cubrir el cargo de secretario académico” (Ganami ganó ese proceso, pero el cargo quedó en manos de Rico Velaz, ternada en segundo lugar). El director acusó a Fontán de valerse de ese dato para desacreditarlo pese a que Duquelsky Gómez y él mismo habían negado tener un trato que justificase una excusación (ambos fueron designados funcionarios de enlace en un convenio de cooperación institucional).

“Este ‘relato’ ha pretendido generar controversia con mi cargo de prosecretario; con mi afectación a la Escuela Judicial suspendida en el momento mismo de mi inscripción en ambos concursos; con los alcances del convenio mencionado y con una insólita -por inexistente en toda la reglamentación- obligación de mi parte de solicitar licencia durante el trámite de los procesos de selección”, dijo. El funcionario asimismo negó que Fontán no haya sido notificada de que Sbdar se había excusado respecto de ella en el concurso pertinente y que su nombramiento haya sido fruto de una sesión secreta. “La designación cuestionada tiene una justificación plena, razonable y adecuada”, resumió.