Ante la Junta Electoral Provincial (JEP) figuran afiliados a alguno de los 245 partidos locales al menos de 291.326 tucumanos. Sin embargo, al organismo que fiscaliza los comicios resulta difícil constatar cuántas de esas personas que aparecen enroladas a alguna vertiente política dieron efectivamente su consentimiento. Simplemente, por la sencillez del trámite de inscripción. De ahora en más, sin embargo, las autoridades electorales provinciales ceñirán las clavijas a la hora de que un ciudadano sea inscripto por alguna agrupación.

“Mediante reuniones que mantuvimos con distintos organismos electorales de otras provincias vimos que la afiliación no siempre pasa por controles rigurosos, que debería hacer cada partido”, explicó el secretario de la Junta Electoral, Darío Almaraz. El funcionario sintetizó así el espíritu de la resolución N° 99/14 que firmaron los miembros de la JEP (el presidente de la Corte, Antonio Gandur; el titular de la Legislatura, Regino Amado; y el ministro fiscal, Edmundo Jiménez). Mediante la nueva normativa, los partidos políticos deberán adjuntar junto a la ficha de afiliación una copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del nuevo afiliado, certificada incluso por la autoridad partidaria.

Aunque resulte un paso simple, ese requisito no era exigido por la JEP, aunque sí por la Justicia Electoral Nacional (JEN). A diferencia de la Junta tucumana, este organismo regula la vida política de las agrupaciones que pueden presentar postulaciones a cargos legislativos nacionales (de distrito) o ejecutivos nacionales (de orden nacional). En total, en Tucumán hay otras 21 fuerzas registradas en los Tribunales Federales, con un padrón global de afiliados de 373.804 tucumanos.

“Nosotros recogimos esa instrumentación”, amplió Almaraz. Según el funcionario, en los últimos meses se percataron de algunas situaciones irregulares. “Por ejemplo, viene alguien a la Junta Electoral y dice que no está afiliado; le mostramos la ficha, pero desconoce la firma. Nosotros no somos un órgano competente para hacer la investigación penal; los pocos casos que pudimos constatar los hemos enviado a la Justicia. Más allá de todo, vemos que se da una situación irregular. Entonces, para un mayor control, para tener una mayor certeza, vamos a exigir de ahora en más fotocopia del DNI. Es un control más, que hace a la revalorización del partido”, resumió.

Más transparencia

En los propios considerandos de la nueva resolución de la JEP queda en claro la proliferación de fichas falsas. “Se ha advertido en los últimos años un incremento notable en el número de fichas de afiliación observadas, por consignarse nombre, domicilio y número de documento del afiliado erróneos. Asimismo, se han detectado, al momento de realizarse la carga y el control, algunas irregularidades en las fichas de afiliación por contener firmas de dudosa autoría”, admitieron Gandur, Jiménez y Amado en la nueva normativa. Luego, añadieron que para lograr una afiliación debe haber voluntad expresa del ciudadano. Y citaron como ejemplo otras jurisdicciones que ya exigen la copia del DNI además de la ficha, entre ellas la provincia de Buenos Aires. “Esto, lejos de entorpecer la actividad partidaria, supondría una mayor transparencia y seguridad al proceso de afiliación”, concluyeron los integrantes de la Junta Electoral local.

La explosión de las afiliaciones en fuerzas electorales provinciales, municipales o comunales (las tres categorías que regula la JEP) se dio tras la reforma constitucional de 2006, que habilitó el sistema de acoples para los comicios. Así, en 2007, sobre un padrón cercano a los 950.000 electores, más de 507.000 figuraban enrolados en alguna fuerza. El régimen del acople fomentó la creación de más de un centenar de fuerzas municipales y comunales. Contra los 53 partidos inscriptos hasta junio de 2006, cuando se sancionó la nueva Carta Magna, hoy en la provincia tienen sus papeles en orden 224 agrupaciones. En total, hoy son 291.326 los afiliados a expresiones provinciales, municipales y comunales y 373.804 los vinculados en las 21 fuerzas de orden nacional (pueden presentar candidatos a presidente y vice, senadores y diputados) y de distrito (sólo elevan postulantes al Congreso nacional). En total, serían 665.130 los ciudadanos afiliados, pero la cifra puede ser menor atento a que una persona puede aparecer en más de un partido político, siempre que su rango de actuación sea diferente (en una agrupación nacional y otra municipal, por ejemplo).