No hay contradicción entre la circular que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) dirigió a los jueces de Instrucción para que ordenen prisiones preventivas con criterios restrictivos y la enmienda que la Legislatura aprobó en noviembre para extender ese instituto a arrebatadores, motoarrebatadores y otros autores de robos en las calles porque, según Antonio Gandur, titular del alto tribunal, él no avaló la reforma parlamentaria. “Nunca estuve de acuerdo con ella”, dijo el juez durante una conversación en su despacho.
El presidente de la Corte afirmó que el proyecto de reforma parcial del Código Procesal Penal de Tucumán había sido discutido en el seno del cuerpo. “Los vocales hemos coincidido en que no correspondía”, expresó Gandur. Y añadió: “para pensar en el otorgamiento de la prisión preventiva tiene que darse la figura del robo agravado”.
No obstante este rechazo, el bloque oficialista, el massismo y Fuerza Republicana lograron la sanción de “la ampliación” de la prisión preventiva. Durante el debate en el recinto, el parlamentario oficialista José Alberto León, presidente de la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura, defendió la iniciativa con el argumento de que eran numerosos los reclamos de los ciudadanos afectados por los robos en la vía pública. Legisladores de la oposición dijeron que el cambio no tendría impacto en la realidad. “¿Cree alguien por ventura que esta modificación disuadirá a algún motoarrebatador?”, interrogó Fernando Valdez (UCR) durante el debate.
Guillermo Gassenbauer, legislador ultraalperovichista e hijo del ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Jorge Gassenbauer, había señalado en el recinto que la propuesta fue consensuada, entre otros, con el ministro público Edmundo Jiménez, y con el propio Gandur. “Nadie dijo que con esta ley solucionaremos la inseguridad, que seremos Suiza; es sólo una medida, porque también se invertirá en equipamiento policial”, expresó Gassenbauer (h).
El propio presidente de la Corte desmintió la versión de Gassenbauer (h) y ratificó la circular que firmó el 12 de diciembre pasado. Ese edicto remitido a los jueces de Instrucción manifiesta preocupación por la ligereza e inobservancia de normas advertidas en el uso y disposición de medidas de coerción personal en el ámbito de los procesos penales.
“Se torna necesario señalar que la adopción de medidas judiciales destinadas a restringir el derecho a la libertad de las personas no puede llevarse a cabo como una conducta automatizada en el desarrollo de la labor judicial: es que la importancia y sensibilidad del derecho a la libertad no puede ser sacrificado sólo en función de prácticas forenses burocráticas que no tienen en cuenta las concretas circunstancias fácticas y jurídicas que involucran cada caso”, dijo Gandur en el bando.
El día de la emisión de esa circular, cesó la detención del dramaturgo Rafael Nofal. A posteriori, y en otro caso con gran repercusión social, la jueza Mirta Lenis de Vera denegó la prisión preventiva que el fiscal Guillermo Herrera había solicitado para los financistas Jorge Rigourd y Hugo Sánchez, acusados de presunta estafa a ahorristas.