El soldado Alberto Agapito Ledo no desertó sino que fue privado ilegítimamente de la libertad y, luego, asesinado. Carlos Brito, fiscal federal Nº1, dijo que César Gerardo del Corazón de Jesús Milani, jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, habría intervenido en esos hechos con el supuesto carácter de encubridor y de falsificador de documentos públicos. En virtud de las pruebas recolectadas y del análisis practicado, el representante del Ministerio Público pidió a Daniel Bejas, juez federal Nº1, que cite a prestar declaración indagatoria al militar acusado y que amplíe el interrogatorio del ex capitán Esteban Sanguinetti, que está procesado -con resolución confirmada por la alzada- por la presunta violación de los deberes a su cargo, y la probable comisión de la privación ilegítima de la libertad y del homicidio de Ledo.

En el dictamen que entregó este 22 de diciembre, Brito relató que el conscripto riojano había desaparecido mientras cumplía el servicio militar obligatorio en Monteros, en la Unidad de Operaciones Antiterroristas que funcionaba allí. Al momento de los hechos tenía 20 años; estudiaba la Licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, y militaba en los grupos juveniles que animaba monseñor Enrique Angelelli.

“Los soldados manifestaron a la mujer que en la noche de ese día, el capitán Sanguinetti requirió a Ledo para ‘hacer una recorrida por la zona’; que ambos regresaron de inmediato; que esta salida se repitió por segunda y por tercera vez, y que, por último, Sanguinetti volvió solo. Al día siguiente, los compañeros de campamento recibieron la orden de retirar el equipo del conscripto Ledo. Un cabo luego manifestó a la madre del soldado que este había desertado”, describió Brito. En ese momento comienza el peregrinaje de la familia del conscripto, que, buscándolo, interpuso un hábeas corpus ante Roberto Catalán, juez federal de La Rioja; recurrió a las organizaciones de derechos humanos y hasta llegó a El Vaticano.

“Al día de hoy, Ledo continúa desaparecido”, expresó el fiscal, que investiga el asunto en virtud de la denuncia que presentaron los familiares del soldado en 2007. Brito no pudo probar que Ledo se desempeñaba como asistente o mano derecha del entonces subteniente Milani. Pero sí comprobó que no habían sido arbitrados los medios suficientes para buscar al conscripto Ledo. “Sólo existe el expediente administrativo militar, que lo declara desertor sin más trámite que el transcurso de cinco días desde la desaparición”, apuntó.

Esa documentación, cuya confección estuvo a cargo del oficial informante Milani, contiene abundantes deficiencias, según Brito, que este lunes fue recusado por la defensa del jefe del Ejército con el argumento del “temor de falta de objetividad”. Entre las irregularidades que detectó, mencionó una carátula tachada (la palabra “Accidente” mecanografiada aparece suprimida por “Deserción” escrita a mano), y fechas y lugares inconsistentes. El fiscal objetó el acta de investigación de la deserción: “la orden de iniciar la Información fue recibida a las 18.30 del 29 de junio de 1976, y el acta con la que culminaba la actuación encomendada fue elaborada a las 10 del mismo día, lo que exterioriza la trama urdida por parte de la autoridad militar que debía realizarla”.

El documento cuestionado indica que Ledo se fugó del vivac en el edificio en construcción en la Escuela de Comercio de Monteros durante la noche del 17 de junio y que faltó a la lista de diana del día siguiente; que no había intentado desertar con anterioridad y que no había recibido malos tratos. A la luz de la Reglamentación de la Justicia Militar vigente en ese momento, Brito determinó que Milani incumplió las obligaciones que tenía como oficial informante: “no realizó ninguna actividad tendiente a determinar lo que había ocurrido con Ledo; no señaló en qué circunstancias este se fugó del vivac; no indicó a qué documentación se refiere y habría examinado para comprobar que Ledo conocía las leyes penales; no dejó constancia por escrito de las personas que habrían intervenido o presenciado el hecho; no consta que le haya tomado declaración a los conscriptos compañeros del presunto ‘desertor’ ni a sus superiores; no averiguó si había recibido malos tratos, si se le había hecho carecer de alimentos, vestuario o de otras cosas que le correspondían; no determinó si existían cómplices o encubridores y, en cuestión de horas, concluyó la tarea que debía realizar en un plazo de tres días”.

El fiscal añadió que, en definitiva y con la apariencia de una supuesta deserción, Milani encubrió la privación ilegítima de libertad agravada y el homicidio agravado de Ledo, y que, para ello, falsificó documentos públicos. Por la causa de Ledo, el Centro de Estudios Legales y Sociales impugnó el ascenso de Milani a jefe del Ejército.