Una denuncia del edil Mariano Campero (UCR) contra Daniel Toledo, intendente de Yerba Buena (FpV), sobre una supuesta malversación de fondos del programa “Más Cerca” dejó imprevistamente huérfano a un popular perfil de Twitter. “Niego como propia la cuenta del usuario denominado @Fiscalfederal”, expresó Gustavo Gómez, fiscal general de Cámara, en el dictamen con el que rechazó la acción de hábeas corpus que había articulado Toledo.
Un tuit de esa fuente motivó la presentación del defensor del intendente, Ariel Oscar Lescano, ante el Juzgado Federal N°2 a cargo del juez Fernando Luis Poviña. Lescano dijo que había tomado conocimiento de la investigación preliminar que impulsaba Gómez contra Toledo a partir de publicaciones en Twitter, Facebook y este diario. El letrado luego adjuntó copias certificadas de los perfiles aludidos donde consta el siguiente tuit del 17 de octubre de @Fiscalfederal: “investigo una denuncia penal contra el intendente Toledo de Yerba Buena por malversación y estafa al Estado. Curioso pero no es difícil” (sic).
Tras constatar que Gómez en efecto había iniciado actuaciones preliminares luego de recibir el planteo de Campero, Lescano afirmó que el fiscal general había lesionado el derecho de defensa y el debido proceso al desplazar de la investigación al fiscal de primera instancia. El letrado dijo que el fiscal ordenó una investigación secreta y reservada a espaldas del juez y sin control de las partes. “Es una conducta irregular”, definió el defensor y consideró que esta tenía como finalidad beneficiar a Campero, precandidato a intendente de Yerba Buena por la UCR.
Además de despegarse del tuit controvertido y de la cuenta entera, Gómez recordó que el Ministerio Público no tenía facultades para detener a nadie y que las actuaciones preliminares no implicaban ninguna imputación en concreto.
La explicación no satisfizo a Poviña, que el 25 de noviembre acogió el hábeas corpus restringido de Toledo (esta modalidad procede ante todo acto u omisión de autoridad pública que, sin privar de la libertad, genere hostigamiento o alteración de ella). El juez asimismo declaró la nulidad de la pesquisa que había practicado Gómez y remitió la denuncia de Campero a la fiscalía de primera instancia correspondiente. “Resulta claro que el fiscal general carece de las facultades investigativas que se arrogó, pues no hay ley, norma o acto administrativo que respalde su actuación”, afirmó. Respecto del tema “Twitter”, Poviña expresó que si bien Gómez había negado ser el dueño de la cuenta @Fiscalfederal, lo cierto era que las menciones a las tareas desarrolladas en contra de Toledo conspiraban claramente contra el éxito de estas: “como así también resultan un avasallamiento del supuesto imputado (sobre quien todavía no se formó causa judicial alguna). La notificación de que se encuentra investigado ocurrió por las redes sociales, alejándose (Gómez) del marco legal vigente y prescindiendo de la seriedad que el caso impone”.
El tuit y la cuenta polémicos aún estaban en línea este sábado. Más aún, el 27 de noviembre hubo una nueva publicación sobre el tema: “el juez federal Nro. 2 Dr. Poviña declaró la nulidad y archivó la causa contra el intendente Toledo de YB... a través de un HABEAS CORPUS!!!” (sic). @Fiscalfederal emitió 21.600 tuits desde que fue creada, en octubre de 2010, y tiene 6.771 seguidores. El usuario se identifica como Gustavo Gómez y su biografía dice: “fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán. Investiga delitos ambientales -su especialidad-, delitos económicos y corrupción mal que pese a..;) (sic)”. La página web de referencia es fiscaliagraltucuman.gov.ar. LA GACETA llamó tres veces a Gómez durante la tarde de ayer, pero no logró contactar al funcionario.