Mucho antes de que Alejandro Darío Pérez fuera declarado prófugo por la Justicia, el ex policía que mató al juez de Menores Héctor Agustín Aráoz ya había desafiado a las autoridades. Cuando la sala I de la Cámara Penal lo había condenado a 18 años de prisión por el crimen, le impuso que debía presentarse mensualmente para firmar que se encontraba a disposición de la Justicia, bajo riesgo de perder su libertad hasta que el fallo quedara firme. Lo hizo los primeros meses.
“Los que debían controlar que no se fugara, no lo hicieron. Y se fugó”, afirmó Joaquina Aráoz Terán, hija del juez. La sala I abrió un incidente de su búsqueda, la que desde hace dos meses se encuentra en manos de la división Búsqueda de Prófugos, recientemente creada. Antes la responsabilidad de ubicarlo había sido designada a la división Homicidios y a la Dirección General de Investigaciones Criminales.
Aunque en el expediente hay varias fojas de las supuestas diligencias que se realizaron para ubicarlo, una fuente judicial comentó que no tienen datos firmes del paradero del homicida del juez Aráoz, quien habría comenzado a planificar su huida prácticamente el día después en que fue condenado.