BUENOS AIRES.- La diputada Margarita Stolbizer presentó ayer a la mañana una denuncia penal contra la presidenta, Cristina Fernández, y algunos funcionarios del Gobierno nacional, por la presunta comisión de delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Los hechos a los que Stolbizer se refiere surgen del cotejo de información oficial y pública, que involucran de manera directa a la Presidenta de la Nación y al ministro de Justicia, Julio Alak, junto con otros funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ). La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 11 cuyo titular es Claudio Bonadio, y el fiscal a cargo será Carlos Stornelli.

Según Stolbizer, “del análisis de la Declaración Jurada Patrimonial de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, surge como dato, por ella misma aportado, que es titular de acciones (sin que se mencione en qué cantidad o porcentaje de participación) de la Empresa Hotesur S.A. Esa participación está valuada en $ 9.367.528.- y reconoce luego una deuda con la misma sociedad sin que se aclaren conceptos o razones de dicho endeudamiento”.

La sociedad Hotesur es la propietaria del hotel Alto Calafate, en Santa Cruz. Para la diputada, existen sospechas de que es un alojamiento “fantasma” que usó el matrimonio presidencial para hacer negocios turbios con el empresario más beneficiado con la obra pública, Lázaro Báez.

Stolbizer indicó que dicha sociedad adeuda, además, la presentación en la Inspección General de la Justicia (IGJ) de los balances.

Desde el año 2011 no se conocen los activos ni los pasivos de la sociedad anónima ni la conformación societaria actual, como tampoco quiénes integran el directorio en la actualidad, ya que también adeuda la inscripción de sus autoridades.

“Si bien en el Estatuto se determinó que cada tres años se renovaría el directorio, Hotesur SA nunca notificó cambios después del fallecimiento de Néstor Kirchner”, denunció Stolbizer tras su presentación.

Hotesur adeuda presentación de balances, conformación societaria y tasas, ante la Inspección General de Justicia (IGJ) correspondiente a los ejercicios 2011, 2012, 2013.

La ley impone que las sociedades deben presentar sus balances en IGJ para que los terceros puedan conocer la realidad de la empresa (si tiene deudas, cuánto tiene de deudas, cuánto tiene de activos, qué negocios hicieron durante el ejercicio, qué piensan hacer el ejercicio que viene, qué pagaron, etcétera)

Red de Protección

Para la diputada del GEN, la red de protección dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia) llegó hasta la cúspide misma del poder. “La consecuencia de este incumplimiento, por parte de la sociedad de la Presidenta, con la complicidad de la IGJ, resulta crucial: si la Justicia le requiriere datos sobre Hotesur, la IGJ no posee los balances; y el directorio sería el de 2008, adeudándose nóminas de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013”.

La diputada del GEN, que fue entrevistada en Periodismo Para Todos por Jorge Lanata, indicó que la sociedad de la Presidenta “no fue sancionada por la IGJ (como sí ocurre con otras sociedades); ni siquiera se dio inicio a la ejecución de las tasas adeudadas”. “Todo esto es muy trucho, si agregamos que ha recibido como pago de otra empresa millones de pesos por habitaciones que nunca se ocuparon, puede estar encubriendo otros delitos”, advirtió. (Clarin.com-Perfil.com)