El caso de la cooperativa de trabajo “Caminemos Juntos”, que tiene domicilio fiscal en la casa materna del legislador oficialista Emiliano Vargas Aignasse y participa en la ejecución de obras públicas millonarias, repercutió en la interna entre alperovichistas y amayistas.
Esta semana, hubo opiniones cruzadas sobre los controles a estas organizaciones. El intendente de la Capital, Domingo Amaya, y el titular del Instituto de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), David Mizrahi, se acusaron mutuamente por la falta de inspecciones a la hora de contratar cooperativas para obras públicas. A la polémica se sumó un edil alineado al jefe municipal, Eloy del Pino, quien objetó la postura de Mizrahi respecto a la intervención del Ipacym en la actividad de esas organizaciones. “Si el único deber que reconoce (Mizrahi) es el de otorgar el certificado de ‘normal funcionamiento’, y el criterio de ‘normal’ incluye irregularidades, el problema consiste en el concepto de ‘normalidad’ que tiene este gobierno”, dijo el vicepresidente del Concejo. Y agregó: “es muy extraño el concepto de normal funcionamiento que tiene el titular del Ipacym, ya que esa repartición considera ‘normal’ que una cooperativa tenga como domicilio fiscal la casa de la madre de un legislador”. Luego enumeró: “parece que se considera normal la contratación directa y el nombramiento de parientes; la ‘normalidad’ de la que habla (Mizrahi) es sólo el nombre que le dan a un sinnúmero de irregularidades que debemos erradicar”.