Guillermo Molina tiene decidido no quedarse de brazos cruzados. Trabajó durante cinco años en la Fiscalía de Instrucción de la I° Nominación del Centro Judicial Concepción, y a principios de octubre la Corte Suprema de Justicia lo cesanteó luego de que la madre de una víctima de homicidio lo acusara de modificar declaraciones, beneficiando al imputado.
“No modifiqué declaraciones y tengo pruebas que lo avalan. Pero no me dejaron presentarlas. Decidieron cortar el hilo por lo más delgado y no investigar otras cosas que pasaron en la fiscalía durante el tiempo en el que estuvo acéfala”, expresó Molina, que ayer presentó ante la Corte un recurso de revisión, cuestionando su despido.
Concretamente, el ex empleado judicial cuestionó que el superior tribunal, en los considerandos de la resolución en la que dispone su cesantía, haya encontrado responsabilidad en el secretario Sergio Cejas y en el prosecretario Ramón Oyola, pero que a ellos sólo los haya sancionado con suspensiones. “Por eso digo que cortan el hilo por lo más delgado”, afirmó. Agregó que todo el sumario administrativo fue nulo.
El crimen
Molina aseguró que no modificó las declaraciones de los testigos del crimen de José Luis Poma, y para ello mostró las declaraciones que tomó la Policía en los momentos posteriores al ataque. Según consta en esos papeles, los familiares de la víctima relataron que Raúl Esteban Ortega le clavó un cuchillo a su cuñado de manera accidental, durante una discusión.
El homicidio había ocurrido el 15 de abril en el barrio Tagusa, de Aguilares. Gladys Albarracín, la madre de Poma, también declaró en tribunales y en el expediente quedó consignada la versión del crimen accidental. Ante esto, el fiscal Jorge Echayde, que subrogaba la fiscalía, pidió el cese de la detención de Ortega.
“El fiscal fundó su decisión en las declaraciones tomadas por la Policía, no en las que yo tomé en la fiscalía, que eran similares”, dijo Molina. Cuando Ortega salió en libertad, su suegra (Albarracín) fue a tribunales a reclamar porque Molina había cambiado el relato del homicidio.
“Recién entonces dijo que Poma había sido atacado por la espalda por su cuñado. El prosecretario habilitó desde su computadora para que se modificara la declaración de la mujer, y me dio la orden para que yo lo haga. Sabía que no estaba bien, pero cumplí con lo que me ordenó. Cuando pedí que realizaran una pericia a su computadora para que se compruebe que con su clave había habilitado el cambio del testimonio, me lo denegaron”, expresó el empleado cesanteado.
Irregularidades
Cuando Miguel Varela asumió como titular de la Fiscalía, Molina fue trasladado primero a la biblioteca, y luego le notificaron que estaba despedido. “El fiscal Edgardo Sánchez subrogó la fiscalía cuando la madre de Poma empezó todo esto. Nunca quiso escucharme, y ahora quiere investigarme”, afirmó Molina.
Luego de que lo despidieran, se conoció que en la fiscalía había un sumario iniciado por la desaparición de un arma. Cejas y Oyola (secretario y prosecretario) señalaron a Molina como el responsable del faltante. “Fui yo quien puso al tanto al fiscal Sánchez de esta situación. Cuando la fiscalía estuvo acéfala desapareció un arma, entregaban expedientes a abogados que no tenían intervención en las causas y otras irregularidades”, explicó Molina.
En este sentido, comentó que se había iniciado un sumario a otro empleado por haber sacado un expediente de la fiscalía. “Nunca lo citaron, el sumario quedó en nada. Pero a mí me corren”, ironizó Molina.