BUENOS AIRES.- La defensa de Amado Boudou rechazó el fallo de la Cámara Federal, que dejó al vicepresidente de la Nación al borde del juicio oral por la supuesta falsificación de los papeles de un automóvil de su propiedad.
Los abogados defensores insistieron en el escrito con desligar a Boudou de los trámites del registro del coche, culpó a los gestores que participaron en el asunto, y tildó de imprecisa la imputación hecha por el juez federal Claudio Bonadío, según informaron fuentes judiciales.
La opinión de la defensa del Vicepresidente en contestación a la vista que le ha otorgado el magistrado no es vinculante para éste que, según estimaron las fuentes, seguramente elevará la causa a juicio oral, informó DyN.
La causa
La semana pasada el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió a Bonadío que eleve la causa a juicio oral al imputar a Boudou y su ex novia Agustina Seguín como supuestos partícipes necesarios de la transferencia irregular mediante documentación falsa del auto Honda CRX Del Sol modelo 1992 y patente B 2423822.
El documento 08 de la transferencia, consignó el fiscal, "no tenía las firmas auténticas" de Boudou y, además, el precio de $ 4.000 consignado en el documento "no se correspondía con los valores" de la época para ese coche, estimado en $ 16.000 por el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte.
Otras imputaciones
El vicepresidente tiene sobre sus hombros otro procesamiento por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho en el marco de la causa Ciccone, que instruye el juez Ariel Lijo y que también está siendo revisado por la Cámara Federal.
Boudou también está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y por el asesoramiento que habría prestado la empresa The Old Fund, a cargo de Alejandro Vandenbroele, a la provincia de Formosa para renegociar su deuda con el Estado nacional cuando el vicepresidente conducía el Ministerio de Economía.
Entre otras causas, también se lo investiga por la compra directa de 19 autos oficiales de alta gama por parte del Palacio de Hacienda por más de $ 2,2 millones -a cargo del juez Sergio Torres-, y otra que investiga la figura de "dádivas" en donde se le imputa haber viajado en helicópteros prestados a una semana de asumir su rol en el Ejecutivo.