La Justicia Federal no tiene una cárcel propia en Tucumán. Es por eso que, cada vez que el Tribunal Oral Federal dicta una condena, los reclusos deben ser alojados en las dependencias del sistema penitenciario provincial. Pero ese sistema, tal como lo remarcó el juez federal Ricardo Sanjuán, ya está colapsado y las dificultades que se deben sortear para conseguir alojar a un condenado son cada vez mayores. Sin embargo, esta situación cambiaría luego de una inversión del Gobierno nacional, que fue confirmada ayer durante la primera jornada de la Reunión Regional con Fiscales y Magistrados Federales organizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El encuentro (concluirá mañana con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez) se desarrolló en un conocido hotel ubicado en avenida Soldati al 300.

En ese marco, Sanjuán explicó que se analizan proyectos para construir prisiones federales en Jujuy y Salta y que, además, se piensa en un ampliación de la penitenciaria federal que hay en Santiago del Estero. “Además de estos proyectos nos informaron que se enviarán $ 20 millones a Tucumán para construir una dependencia que pueda ser utilizada por la Justicia Federal. Aunque todavía no nos dieron mayores precisiones acerca de esa iniciativa”, señaló el juez federal.

Esta inversión que hará la Nación fue explicada en mayor profundidad por el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Jorge Gassenbauer, que habló con LA GACETA y adelantó que este convenio se firmará en los próximos días o, a más tardar, la semana que viene.

“Habíamos presentado un proyecto para ampliar la cárcel de Villa Urquiza y la Nación había aprobado la construcción de dos módulos dentro de ese predio que nos permitirá alojar a unos 450 reclusos. Esos nuevos pabellones nos permitirán descomprimir los calabozos de las comisarías que están colapsados. Con este dinero que se enviará comenzaremos la construcción”, explicó el ministro.

Según se informó, la Provincia acordó con la Nación ceder a la Justicia Federal una parte de esa edificación para que se aloje a los condenados por delitos federales. Extraoficialmente se dijo que el fuero penal federal tendrá un cupo que le permitiría alojar a unos 150 reclusos.

Por otra parte, se informó que los pabellones que se construirán serían de mínima y de mediana seguridad.

Complejidad delictiva

La apertura de la Reunión Regional estuvo a cargo del secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Darío Ruiz.

El funcionario nacional se refirió a cómo se está trabajando para combatir el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero.

“La solución policial o de cualquier fuerza de seguridad es una respuesta parcial a este tipo de problemas que son complejos y requieren la intervención de una política de Seguridad nacional. Por eso estamos en esta reunión con jueces y camaristas del NOA para coordinar políticas conjuntas para luchar contra estos delitos”, subrayó Ruiz.

Al ser consultado por la crítica situación que se vive en la frontera Norte del país que, según alertó la Justicia Federal, fue vulnerada por organizaciones narcos Ruiz resaltó el trabajo realizado por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y destacó que los dispositivos de seguridad (Escudo Norte) instalados en esa zona del país están funcionando correctamente.

En este sentido habló también de la particularidad que deben enfrentar en la frontera. “En Orán (Salta) hay una cierta conflictividad desde el punto de vista social, porque hay mucha gente que vive de ciertas economías informales y esto complejiza aún más la situación. Sin embargo, los controles se continúan haciendo implementando diferentes estrategias de intervención. Muchas de estas estrategias no son de público conocimiento porque es parte del éxito de la fuerza en los operativos que realiza contra estas organizaciones delictivas”, precisó el funcionario.

En este sentido, señaló las dificultades que tiene vigilar la frontera. “Tenemos mucho personal en el área. Pero hay que saber que, en todo el mundo, el control de fronteras es un tema álgido que no se reduce a la diagramación de cercos perimetrales, sino que hay que tener una política de seguridad basada en una inteligencia criminal dentro del marco de la ley. Eso, es lo que estamos haciendo”, aseguró.

Ruiz también dijo que los controles aéreos están funcionando en óptimas condiciones y que se trabaja tanto con la radarización de la frontera como con operativos de inteligencia para interceptar los vuelos de contrabando que se realizan a baja altura.