La verdad judicial está cerca de las causas “Borquez” y “Camandona”, las primeras dos investigaciones penales de maniobras con títulos públicos sometidas a juicio oral. Después de más de nueve años de proceso, el Ministerio Público Fiscal y los defensores de los imputados expondrán sus alegatos hoy a partir de las 9.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF, calle Chacabuco 125).
Se espera que el fiscal Leopoldo Peralta Palma precise las supuestas tentativa de defraudación en perjuicio de la administración pública y falsificación de documentos cometidas durante el trámite de medidas cautelares con títulos públicos en default. A su turno, los abogados atacarán las debilidades de la hipótesis delictiva que elaboró el Ministerio Público Fiscal, hipótesis que, en virtud de lo oído durante el debate oral, fue erosionada por el paso del tiempo (los hechos enjuiciados datan del período 2004-2005).
En principio, tendrá prioridad en el uso de la palabra el letrado Walter Ojeda Ávila, defensor del colega y coimputado Alfredo Ducca. En favor del ex juez federal y coimputado Felipe Federico Terán alegará Pablo Bauque; Rodolfo Burgos hará lo propio por el abogado y coimputado Daniel Martín; Mario Salvo intervendrá por el coimputado Pablo Rossi, y César Merlo presentará alegatos por los coimputados Jorge Rigourd, César Daniel Barboza y Fernando Adolfo Recalde (Rossi, Rigourd, Barboza y Recalde están vinculados a la empresa MA Valores SA Sociedad de Bolsa). A continuación, los acusados tendrán la oportunidad de dirigirse a los camaristas Gabriel Casas (presidente), Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga.
Aunque las derivaciones del juicio (cuyo debate comenzó el 25 de agosto e insumió seis jornadas completas) son inciertas y pueden cambiar sobre la marcha, lo más probable es que, después de escuchar a los imputados, el TOF no dé a conocer su sentencia de inmediato sino que disponga un cuarto intermedio hasta el martes próximo.
JUICIO / DÍA 1 / 25-8-14
El tribunal impide la caída del debate
Los defensores del ex juez Felipe Terán (coimputado) y del abogado Daniel Martín (coimputado) plantean numerosas cuestiones incidentales, pero el Tribunal Oral desestima todo y ratifica la decisión de celebrar el juicio. Sólo los acusados Alfredo Ducca, Jorge Rigourd, Fernando Recalde, Daniel Barboza y Pablo Rossi aceptan dar su versión de los hechos y ser interrogados. A su turno, Ducca niega haber firmado, en su condición de abogado de la ex bonista Inés Yolanda Borquez, los escritos que solicitaban al juez Terán que ordene al erario que se abstenga de aplicar la “pesificación forzosa” a los títulos públicos de su clienta.
JUICIO / DÍA 2 / 26-8-14
BORQUEZ Y CAMANDONA DEPONEN COMO TESTIGOS
La ex bonista sobreseída Inés Yolanda Borquez (81 años) se aparta de la declaración que había dado como imputada (no estaba obligada a decir la verdad) y afirma que no conoce al abogado Daniel Martín (coimputado) y que la cuestión de los títulos era manejada por su hija fallecida, Cristina Atim. El ex bonista sobreseído Julio Melchor Camandona mantiene su declaración e insiste en que Martín se ofreció a tramitar el juicio para cobrar sus títulos en dólares; que sólo firmó un pacto de honorarios; que luego vio al abogado dos veces en la calle y que un buen día abrió LA GACETA, y se encontró implicado en una causa junto con Martín y Terán.
JUICIO / DÍA 3 / 1-9-14
EMPLEADOS EVOCAN EL CAOS DEL JUZGADO n°2
“Nadie controlaba que en la cuenta comitente no entraran más títulos a posteriori de la emisión de la medida cautelar. Creo que los proyectos (de resoluciones) no llevaban montos. Tampoco era posible controlar la relación existente entre la documentación que las partes habían aportado (por ejemplo, certificados y estudios de salud) y la realidad”, admite la testigo Alejandra Morán, que en la época en la que ocurrieron los hechos hacía las veces de relatora del Juzgado Federal N°2 y atendía las causas con títulos públicos. Morán y otros testigos dicen que la Justicia Federal estaba desbordada como consecuencia del aluvión de juicios del “corralito”.
JUICIO / DÍA 4 / 2-9-14
EL EX PROCURADOR RELATA EL INICIO DEL ESCÁNDALO
Osvaldo César Guglielmino, ex procurador del Tesoro de la Nación, asegura que decidió ordenar una auditoría a la Justicia Federal de Tucumán después de la conversación que sostuvo con Yolanda Eggink, ex directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación, sobre las anomalías detectadas en el trámite de medidas cautelares. “En aquella provincia, la gente humilde y enferma adquiría bonos en ‘default’, y, a los pocos días, promovía un juicio”, ironiza el testigo. La auditoría en cuestión fue determinante para la destitución del ex juez federal Terán (ocurrida en 2006) y precipitó la renuncia del ex juez federal N°1, Jorge Parache.
JUICIO / DÍA 5 / 11-9-14
UN DEFENSOR ATACA A UNA EX LETRADA DE ECONOMÍA
“No recuerdo”, dice infinitas veces Laura Alercia, ex letrada del Ministerio de Economía de la Nación. La deposición de la testigo en el debate de las causas “Borquez” y “Camandona” deriva en un pedido para que la Justicia investigue un posible falso testimonio. “Advierto contradicciones gravísimas”, expresa Pablo Bauque, defensor del ex juez federal Felipe Federico Terán (coimputado). El fiscal Leopoldo Peralta Palma disiente y el Tribunal Oral opta por pronunciarse al respecto al final del debate. El estrado luego rechaza un documento donde consta que Alercia trabaja con Osvaldo Siseles (sobreseído), vínculo desmentido por las dos partes.
JUICIO / DÍA 6 / 16-9-14
UN TESTIMONIO NECESARIO, PERO IMPOSIBLE
La sexta jornada del enjuiciamiento que por primera vez sentó en el banquillo a un ex magistrado de la casa (Felipe Terán) pone en evidencia el valor de un testimonio imposible: el de Cristina Atim, la hija de la ex bonista Inés Yolanda Borquez (sobreseída) que falleció en diciembre de 2012. Atim, que estaba imputada en “Borquez” en su carácter de cotitular de la cuenta de su madre, se llevó consigo información indispensable sobre el origen de los fondos empleados para comprar $ 4,3 millones en títulos públicos en ‘default’ y sobre el destino que tuvo ese dinero luego de que el estallido del escándalo frenase el pago de la medida cautelar que había dictado Terán.