El llamado telefónico que CM escuchó, en el que supuestamente su prima Verónica del Jesús Olivera le decía a una mujer que la chica que llevaba “le iba a hacer ganar mucho dinero, y que podía llevarla a Río Gallegos o a La Rioja”, permitió llegar a Ana Alicia Taviansky, dueña del “Cabaret San Julián”.

El número de teléfono obtenido del teléfono de Olivera motivó que el entonces juez Federal N° 2 subrogante de Tucumán, Mario Racedo, ordenara la intervención de las comunicaciones de Taviansky, y de esa manera se habrían obtenido las pruebas que permitieron vincular a la “madama patagónica” con la captación y el traslado de CM, ocurrido en mayo de 2008.

Ayer, los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán Alicia Noli, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla, rechazaron el planteo de nulidad de las escuchas telefónicas que realizó el defensor Oficial Ciro Lo Pinto, al considerar que las mismas habían resultado necesarias para seguir con la investigación del delito de trata de personas. Aunque aceptaron que las grabaciones sean incorporadas al debate oral, los magistrados dejaron en claro que el contenido de los registros será valorado recién en la sentencia.

Violación a la intimidad

Lo Pinto planteó que la decisión del entonces juez Racedo no tenía sentido, ya que el hecho que había dado origen a la causa ya había ocurrido. “Si la orden de las escuchas telefónicas hubiera sido anterior al hecho, en el marco de una investigación previa, hubiera sido válida la intervención”, afirmó el defensor Oficial. “Se violó el derecho a la intimidad de Taviansky”, manifestó el letrado.

Además, Lo Pinto mencionó que en la primera orden de intervención que dio Racedo, se mencionó un número de teléfono distinto al perteneciente a la imputada. “Pero la Policía interviene el teléfono de Taviansky, Es una afectación directa a su intimidad”, expresó.

Imperioso

La representante de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público, Valentina García Salemi, rebatió los argumentos del defensor oficial. En primer lugar, la fiscala ad hoc recordó que el error en el número telefónico había sido subsanado por Racedo en una resolución posterior. También manifestó que el planteo de nulidad era tardío, y que no se especificaban los motivos por los cuales no pudieron presentarlo antes del debate oral.

Pero además, García Salemi habló del delito de trata de personas. “El dato del número de teléfono surgió con el hecho, no antes. Por lo que resultaba imperioso investigar el orden ascendente de la trata de personas, para determinar el fin de la explotación sexual. El crimen organizado exige que el juez profundice la investigación y no se quede con un hecho concreto”, argumentó García Salemi. Finalmente, las escuchas telefónicas serían reproducidas en la audiencia de hoy.