El consumo de alcohol y de droga suele estar estrechamente relacionado con el incremento de la delincuencia. Pero también el analfabetismo o la escasa educación son, sin duda, una de las principales causas de este estado de inseguridad que vive una buena parte de la sociedad. El lunes se dio a conocer un trabajo del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv), de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, que indica que el 50% de la población de los presos tiene menos de 32 años, y la mitad de los internos no asistió a la escuela o sólo llegaron a cursar el nivel primario.

Según consigna un despacho de la agencia Télam, el informe “Delito, marginalidad y desempeño institucional en Argentina”, se apoya en un relevamiento efectuado en 1.033 presos condenados en nuestro país y 6.000 de Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú, y aborda el perfil sociodemográfico de los internos. Se indica que el 31% consumió alcohol o drogas seis horas antes de cometer el delito y que “el consumo de alcohol y droga son importantes predictores de los delitos más predatorios y violentos”.

El trabajo, difundido por el director del Celiv, señala que la Argentina es muy fácil acceder a las armas de fuego: el 62% de los presos consultados afirmó que utilizaron armas para cometer delitos. Se informa que la reincidencia en el país es elevada y depende del entorno delictivo; la mayoría de los reclusos pasó por institutos de menores y provienen de familias con entorno violento y con consumo de drogas. Sólo el 48% de los presos está condenado.

A comienzos de abril pasado, se divulgó un informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (Sneep), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que indicaba que entre 2007 y 2012, la población carcelaria en nuestro país pasó de 52.457 a 62.263 personas privadas de su libertad, un incremento mayor a 10.000 personas. Se consignó entonces que más de 38.000 reclusos tenían entre 18 y 30 años, y representaban el 64% de la población carcelaria. Se afirmaba que “al momento de ingresar, la mayoría de ellos tenía apenas el primario completo y ningún otro estudio. A los más vulnerables, que son los que se mantienen en las cárceles, les cuesta salir: no tienen abogados que puedan mover sus expedientes. Es por eso que la mitad de los presos -incluyendo otros rangos etarios- no tienen condena”.

Respecto de Tucumán, el Sneep consignó que en 2012, el 25% de los presos en el sistema carcelario tenía entre 18 y 24 años, un 35%, entre 25 y 34, y sólo un 5% de los convictos es mayor de 65 años.

Esta realidad está mostrando gruesas fallas en materia de inclusión educativa o, por lo menos, que algo o mucho no se está haciendo bien o directamente no se está haciendo. Se debería debatir seriamente acerca de cómo llevar la educación a los sectores marginales de nuestra sociedad, acosados por las adicciones, que atacan principalmente a los adolescentes y jóvenes. Si el 50% de los detenidos tiene menos de 32 años y carecen de educación o esta es mínima, significa que hay que analizar las causas y luego diseñar estrategias educativas eficaces para generar un cambio.

La delincuencia no se combate solamente con policías en la calle. La herramienta más eficaz para combatirla es la educación, que es el punto de partida del progreso, y de la transformación de la sociedad.