Precio de lista o precio de contado. Tarjeta de crédito o billetes. A la hora de pagar una compra, esta encrucijada atrapa a muchos consumidores. Según fuentes del sector comercial, consultadas por LA GACETA, el precio de lista se aplica en pagos con tarjeta, y tiene un recargo promedio que oscila entre 5% y 10%. El de contado, en tanto, es el valor real de un artículo. Además, las mismas fuentes advierten que en la capital tucumana hay comercios, sobre todo de mediana y de baja escala, que ofrecen dos valores para un mismo producto, dependiendo del medio de pago que utilicen los consumidores.
Expertos aseguran que existe una ley nacional que prohibe la duplicidad de precios para el público. Esta dualidad de valores, según argumentan pequeños y medianos comerciantes, se debe a que las compañías emisoras de tarjetas cobran comisiones por operar con plásticos de crédito y de débito. Además, los comerciantes sostienen que, en cada transacción con tarjeta, afrontan una la elevada presión fiscal, al momento de retirar el dinero que las empresas emisoras de plásticos liquidan en sus cuentas bancarias.
El titular de la Unión de Consumidores de Argentina (UCA), Fernando Blanco Muiño, explica que la Ley Nacional 25.065 prohibe la duplicidad de precios en un mismo producto, independientemente de la herramienta de pago que elija el consumidor. “No puede haber dos precios. Si se paga con tarjeta de crédito, la ley veda la posibilidad ponerle un recargo”, advierte.
Un problema necesario
En tiempos de inflación, la tarjeta es el medio de pago elegido por la mayoría de los consumidores. Según fuentes comerciales, más del 70% de las ventas de artículos y de bienes se pagan en cuotas. Sin embargo, el ritmo de consumo con este instrumento bajó 4% mensual, entre junio y agosto, según consignó el diario Ambito.com.
Ante esta situación, el Gobierno nacional pidió, la semana pasada, a las firmas emisoras que avancen para instalar en más comercios los planes de 12 cuotas sin interés para la compra de artículos que no están incluidos en las financiaciones de las grandes cadenas comerciales, y que sienten el peso de la recesión económica, como los electrodomésticos del hogar y la indumentaria.
Pese a que se trata de un instrumento de uso masivo, la tarjeta presenta dificultades y costos elevados para los comercios, sobre todo de pequeña y mediana escala. El primer problema es la demora de las empresas emisoras de tarjetas, a la hora de liquidar los pagos. El experto en Créditos y Cobranzas, Raúl Ostengo, afirma que estas compañías tardan, en promedio, entre 30 y 45 días en pagarles a los comerciantes una operación con tarjeta de crédito, efectuada en un pago. “Si la compra se hace cuotas, los fondos se adelantan en 72 horas. En tiempos de inflación, la comisión del 3% y la demora para liquidar los pagos complican al comercio”, agrega.
Por su parte, el titular de la Cámara de Artículos para el Hogar, Luis Rodríguez Marat, sostiene que el problema más serio es la carga fiscal que grava las transacciones con plástico. “Las retenciones fiscales implican el 17% del dinero acreditado para el comerciante que acepta recibir tarjetas. Sin embargo, la realidad es que el comercio no puede sobrevivir sin ellas”, subraya. Para graficar el escenario, el directivo pone un ejemplo: “en una compra de $ 100, se acreditan en la cuenta bancaria del comerciante $ 83. Es decir que $ 17 queda en el camino”.
Las fuentes del sector, consultadas por LA GACETA, coinciden en que la duplicidad de precios para el público no es un fenómeno generalizado en la plaza del comercio local. Además, afirman que es una modalidad de cobro que está prohibida, y que afecta a los consumidores. Blanco Muiño advierte que recibir plásticos como herramienta financiera es una decisión de los comerciantes, porque les genera un flujo de compras que de otro modo, tal vez, no tendrían. “No pueden trasladar a los clientes el costo de las comisiones. Está prohibido por la ley”, concluye.