¿Habrá llegado realmente la hora de los ciudadanos devorados por la criminalidad? La pregunta surge en la mesa de integrantes de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad que intentan dilucidar qué quiso decir Edmundo Jiménez, nuevo titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, cuando propuso poner el acento en la contención de la víctima. Después de dar vueltas a ese enunciado amplio, y de relatar penurias y peregrinajes vividos en Tribunales, los parientes de hombres y mujeres asesinados concluyen que las herramientas que necesitan para no ser “revictimizados” por el sistema judicial existen, pero no son aplicadas. “Si es cierto que el nuevo ministro público quiere ocuparse de nosotros, entonces que cumpla las leyes”, desafían.

Y cuando Alberto Lebbos, papá de Paulina Lebbos; Roberto Agüero, papá de Edgardo Agüero, y Ángel Gabriel Mansilla, papá de Adrián Ángel Mansilla, hablan de normas se refieren a los 13 incisos del artículo 94 de la Ley Orgánica de Tribunales, que enumera las funciones del ministro público. Entre ellas, velar por el cumplimiento de los plazos procesales (inciso 6), potestad que, según su experiencia, resulta determinante para evitar que las investigaciones prescriban y que, por ende, los crímenes queden sin castigo. Pero la otra función legal esencial es la vigilancia de la recta y pronta administración de justicia mediante la denuncia de los abusos y malas prácticas que advirtiese (inciso 4).

“El Ministerio Público representa los intereses de la comunidad; en este caso, que los delitos sean esclarecidos. Pero, salvo excepciones, eso no sucede”, recuerda Lebbos. Los miembros de la Comisión tienen la impresión de que dependen de la buena voluntad del fiscal que les tocó en suerte y de que la norma es el maltrato, la burocracia y la demora. Esa es la historia que cuenta Agüero, que dice que lleva 16 años penando porque la Justicia no pudo resolver el homicidio de su hijo. “Que Jiménez me dé una audiencia y escuche lo que me pasó”, pide el padre de Edgardo Agüero.

Con matices, todos los familiares de víctimas del delito se vieron obligados a “convivir” con los acusados y sus entornos en el mismo espacio físico (los mostradores y pasillos de la Justicia penal). A los golpes aprendieron que los expedientes se mueven más si ellos están encima del fiscal y que asumir la condición de víctima implicaba incorporar la rutina de ir a menudo por los Tribunales (mejor si todos los días).

Ese dar vueltas y esa espera se agravan en el caso de los ciudadanos humildes porque los defensores oficiales se ocupan casi con exclusividad de los imputados y los demás servicios jurídicos gratuitos existentes no atienden casos penales. Según los interlocutores de la Comisión, las víctimas pobres están en la intemperie. Pero esa desazón permanece incluso cuando la Justicia impone un castigo: Mansilla explica, por ejemplo, que teme que el asesino de su hijo, Ángel “Piki” Orellana, que fue condenado a prisión perpetua en 2008, salga de la cárcel en cualquier momento. “Me dicen que es cuestión de mover contactos políticos”, afirma.

Los familiares de víctimas expresan que esta realidad difícil existe desde hace años, y que Jiménez no hizo nada para cambiarla durante la década que se desempeñó como ministro de Gobierno y Justicia de esta gestión. Lebbos resume el sentir de su grupo: “el ministro público tiene la oportunidad de reivindicarse, pero, ojo, nosotros no estamos esperando que lo haga”.

ESTADÍSTICAS.- La Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad pidió que el Ministerio Público Fiscal y Pupilar arbitre los medios para disponer de estadísticas concretas y ajustadas a la realidad. “No conocemos la situación de la innumerable cantidad de causas que terminan archivadas”, objetaron. Y manifestaron que esa información resultaba esencial para poder tomar decisiones sobre la política criminal. “Sabemos que el Poder Judicial dispone de datos, pero ellos no son ni analizados ni aprovechados adecuadamente ni divulgados”, explicaron.

CONSULTA ELECTRÓNICA.- La Comisión asimismo dijo que era necesario incorporar al fuero penal en el sistema de consulta electrónica que dispone desde hace años el Poder Judicial de Tucumán. “No entendemos por qué estamos excluidos de un servicio que, por ejemplo, nos ahorraría tener que ir personalmente a averiguar si hay novedades”, reclamaron.

MÁS OFICINAS.- Otra cuestión crítica es la infraestructura. “No puede ser que en la capital tengamos la misma cantidad de fiscalías desde 1991 (diez). Desde luego es imposible que haya investigaciones veloces con ese número de despachos. Y también hacen falta más defensorías”, precisaron los familiares de víctimas.

REGLAMENTACIÓN PENDIENTE.- Alberto Lebbos, papá de la víctima Paulina Lebbos, puso énfasis en la falta de reglamentación de la normativa de Protección de Testigos y de Asistencia a la Víctima, que impulsó este mismo Gobierno. “Las pesquisas avanzarían más rápido si esos instrumentos estuviesen disponibles”, aseguró.