BUENOS AIRES.- La presidenta, Cristina Fernández, afirmó anoche que el proyecto de ley de cambio de domicilio de pago de los bonos reestructurados “genera los instrumentos para cumplir” con la “voluntad de pago” de la Argentina. Y lo justificó ante “una obstrucción ilegal e ilegítima” provocada por la Justicia de Estados Unidos.

“Generamos y creamos los instrumentos para que la voluntad de pago se vea plasmada en cada vencimiento y en cada una de las obligaciones del país en tiempo y forma”, afirmó.

La jefa de Estado graficó que el próximo vencimiento de U$S 200 millones operará el 30 de septiembre, luego hay uno en octubre y uno más grande de U$S 1. 000 millones en diciembre. “Por eso, y ante la obstrucción ilegal e ilegítima del pago, es que enviamos el proyecto al Congreso para su tratamiento y aprobación”, subrayó.

Cristina, quien habló durante el acto por el 160 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), manifestó que “generar confianza en los ahorristas y en las empresas es responsabilidad de los empresarios”.

Reclamo y respuesta

Antes del discurso de la jefa de Estado, el presidente de la BCBA, Adelmo Gabbi, se preguntó si no se está “comprometiendo el financiamiento” con el anuncio oficial sobre el proyecto de ley que cambia el domicilio de pago de los títulos públicos.

Al respecto, Gabbi felicitó “como hombre de mercado” a la Presidenta por “la férrea y constante voluntad de pago del Gobierno argentino desde 2003”. Pero al mismo tiempo planteó, en referencia al discurso de la jefa de Estado del martes a la noche, “hasta qué punto no estamos comprometiendo el financiamiento presente y futuro de la Nación, ya sea para empresas públicas o privadas”.

Gabbi también reclamó al Gobierno que se permita el ajuste por inflación en los balances de las empresas y una baja en los índices de precios. Subrayó que “no hay duda que los índices de inflación han sido desde 2003 algo significativos”.

A su turno, la Presidenta sostuvo: “Argentina tiene una capacidad de ahorro interno para formar nuestro propio mercado de capitales para poder llevar adelante proyectos como el de YPF con nuestro propio ahorro interno, y no esperar que vengan los capitales de afuera”. Y reclamó al titular de la Bolsa de Comercio que “se bajen los costos de intermediación” en el mercado de capitales.

Además enfatizó que en la iniciativa que se envió al Congreso está contemplada la aceptación de ingreso al canje de aquellos bonistas que tienen juicios con ganancias del 1.600%, en referencia a los fondos buitre, que no aceptaron la reestructuración de 2005 y 2010.

Hidrocarburos

Durante otro tramo de su discurso, Cristina recalcó la necesidad de que se logre una nueva ley de hidrocarburos. “Tenemos ese gigante dormido que necesita inversiones. Y que sea igual si el yacimiento está en Jujuy o Tierra del Fuego. Necesitamos garantías de que habrá similitud tributaria en todo el país”, resaltó.

En otro orden, admitió que si no se hubiera perdido el autoabastecimiento de energía desde 2011 se hubieran importado “U$S 25.600 millones menos”. Asimismo, defendió el actual nivel del gasto público porque “si se reduce afecta a la economía y a las empresas”. En ese contexto, Cristina defendió el paquete de leyes de Abastecimiento, Defensa del Consumidor y de la Competencia, al señalar que “en todos los países del mundo se aplican multas a empresas, tanto en la Unión Europea, EEUU y en Brasil”.

Intereses

“No asustemos a la gente con que leyes de usuarios y consumidores van a afectar a las empresas”, afirmó Cristina, y admitió que hay intereses encontrados. “Que nos digan (los empresarios) cuáles son los artículos, cuáles son las normas, para poder cambiarlas; pero decir que todo está mal, nos lleva a una falta de discusión que no es buena”, aseguró.

También salió al cruce de la oposición, a la que acusó de querer derogar dos normas de la denominada Ley Antiterrorista lo que, dijo, “impactaría de lleno en el mercado de capitales y en toda la economía”.

La mandataria evitó referirse al error en el que incurrió días atrás cuando habló de la aplicación de la Ley Antiterrorista pero citó el texto de otra norma para sancionar a la firma Donnelley, la imprenta de capitales extranjeros que pidió su quiebra, y sólo señaló que “no tienen nada que ver”.

No obstante, defendió las leyes 26.733 y 26.734 porque “nos va a permitir como miembros integrantes del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), salir de la lista de observaciones”.

En ese contexto, cabe señalar que la oposición obtuvo el martes en la Comisión de Legislación Penal de Diputados un dictamen de minoría para derogar la Ley Antiterrorista y pedirá el tratamiento de la iniciativa en la sesión prevista para el 27 de agosto. (DyN)