BUENOS AIRES.- El especialista en derecho económico internacional, José Ignacio García Hamilton (h) advirtió ayer que hay “muchos bonistas” que no pueden aceptar el cambio de domicilio de pago, ya que “para entrar” en las reestructuraciones de 2005 y 2010 aceptaron hacerlo “solamente en Nueva York o en Londres”. También pronosticó que para atender embargos y procesos de “aceleración”, el país va a tener que gastar “mucho dinero en abogados” y dijo que, por “negativa”, la decisión comenzará a sentirse en la economía “el año que viene”.
Según el experto, si los bonistas no pueden cobrar en el exterior, “van a tratar de iniciar juicios como hicieron los holdouts o le venderán sus tenencias a los propios holdouts para recuperar dinero y así quienes tienen el juicio ganado podrán reclamar más dinero”.
Recordó que muchos de ellos son fondos de inversión que no pueden acceder a cobrar en Buenos Aires porque “tienen estatutos que necesitan cumplir”. El analista señaló que en esa circunstancia, “nos vamos a encontrar con situaciones difíciles porque van a salir a buscar fondos argentinos en dónde puedan”.
Según García Hamilton, los cambios que fueron al Congreso “resultan ser una decisión negativa que tal vez este mes no lo veamos, pero el año que viene se empezará a sentir sus efectos”. Señaló que el proyecto le resulta “contradictorio” porque, si rige, “la Argentina entra en desacato, ya que (Thomas) Griesa sostuvo que las partes deberían abstenerse a hacer medidas que impidan el pago o que desconozcan su fallo”. Planteó que el desacato implicaría en el caso de un país, “que le impongan multas económicas, pero no existe la posibilidad de que alguien vaya a prisión”. (DyN)