El Ministerio Público asestó un golpe a la pretensión de Guillermo José Acosta, juez de Instrucción en Concepción, de voltear el proceso de selección de un vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. El 31 de julio pasado, ese órgano emitió un dictamen favorable al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), y sostuvo que correspondía rechazar los planteos de nulidad e inconstitucionalidad articulados por Acosta, que en marzo había conseguido paralizar el concurso en cuestión mediante la medida cautelar que dictó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).

La opinión no es vinculante para el alto tribunal, pero cuenta en tanto criterio de la institución que representa los intereses de la comunidad en el Poder Judicial. Juana Prieto de Sólimo, la fiscala de Cámara que firmó el escrito el día en el que el Ministerio Público quedó vacante por la jubilación de su ex titular, Luis De Mitri, expresó que ni el jurado que calificó la oposición ni el CAM que se atuvo a esa decisión habían actuado con arbitrariedad manifiesta, como esgrimió Acosta.

“El jurado destacó en forma completa los elementos atendibles de la prueba y, luego, dio explicaciones válidas respecto del resultado y de la calificación, lo que demuestra que aunque la solución propuesta por (el concursante) Acosta haya podido ser válida, esta contenía otras carencias que impedían modificar la nota que recibió”, razonó Prieto de Sólimo.

El postulante quedó descalificado tras obtener sólo 16 de los 55 puntos en disputa en la oposición, y 43 unidades entre la nota otorgada a sus antecedentes y a la prueba (la ley dispone que sólo pasan a la entrevista aquellos aspirantes que consiguen 54 puntos en total, donde al menos 27 unidades provengan de la evaluación escrita). Después de agotar los recursos de impugnación disponibles en el CAM, el juez Acosta acudió a la Justicia, donde logró frenar el avance del concurso en virtud de la sentencia que firmaron el vocal Antonio Estofán, y los camaristas Ebe López Piossek y Sergio Gandur -el vocal Daniel Posse se pronunció en disidencia-.

Además de la nulidad del proceso de selección, el magistrado había planteado la inconstitucionalidad del requisito del puntaje mínimo citando un fallo de 2010 de la CSJT que había acogido ese criterio en beneficio de la postulante María del Pilar Amenábar (como consecuencia de esta sentencia, la ex relatora ascendió a camarista en lo Civil y Comercial pese a no haber aprobado el examen escrito). Pero Prieto de Sólimo recordó que en otros fallos posteriores, el mismo alto tribunal -con otra integración- consideró que el piso de un puntaje mínimo era constitucional porque no violaba el derecho a la igualdad y que el Ministerio Público compartía esa interpretación jurisprudencial.

Recusados y excusados

Previamente al dictamen de la fiscala, el CAM había anotado otros tantos en el juicio iniciado por Acosta al conseguir, primero, la revocación de un decreto que perjudicaba las chances de que prospere la recusación sin expresión de causa del vocal Estofán que había formulado, y segundo, el apartamiento del magistrado recusado. La definición del juicio iniciado por Acosta quedó así en manos del vocal Posse, y de los camaristas López Piossek, Sergio Gandur, Salvador Ruiz y Horacio Castellanos (el vocal Antonio Gandur fue recusado sin expresión de causa por el juez de Instrucción, y sus pares Claudia Sbdar y René Goane se excusaron por pertenecer al CAM en representación de la Corte).

De esa sentencia depende el futuro de Juan Carlos Nacul, Gustavo Romagnoli y Enrique Pedicone, postulantes en condiciones de integrar la terna que el Consejo ha de elevar al Poder Ejecutivo para cubrir la vacante de la Cámara de Apelaciones (Pedicone sería el finalista favorito, según fuentes de la Casa de Gobierno). Ese tribunal de sala única, que revisa la investigación preparatoria en toda la provincia, fue diseñado en 2003 a instancias de Edmundo Jiménez, ex ministro de Gobierno y Justicia, y flamante titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar (asumió el viernes pasado). El estrado funciona con dos vocales (Eudoro Albo y Liliana Vitar) desde enero de 2013, cuando Elva Graciela Jiménez, hermana del ministro público, renunció a la magistratura para acogerse al beneficio de la jubilación con el 82% móvil.