“No les permitían ver la luz del día. Enjabonaban el pasillo y a la madrugada sacaban a los internos. Los guardias los hacían correr por allí y les pegaban”. “A los presos políticos los golpeaban con bastones de goma, garrotes y los hacían morder por los perros. Las mujeres estaban desnudas”. “En casi todas las paredes había manchas de sangre y mensajes escritos”.
Los fragmentos corresponden a testimonios de presos comunes de la cárcel de Villa Urquiza que describieron el trato que sufrieron los presos políticos en el llamado pabellón “E”, más conocido como “de la muerte”, entre 1975 y 1983 (desde el “Operativo Independencia” y hasta el retorno de la democracia). Estos relatos y los de las víctimas -figuran en el requerimiento de elevación a juicio que lleva la firma del fiscal federal Carlos Brito- comenzarán a escucharse desde el 17 de septiembre en la sala del Tribunal Oral Federal (TOF). Ese día comenzará a sustanciarse la megacausa “Villa Urquiza”, el décimo proceso oral por crímenes de lesa humanidad que se celebrará en Tucumán.
El Tribunal -integrado por Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga- juzgará a 12 ex militares y ex guardiacárceles imputados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, delitos sexuales y homicidios. Entre los sospechosos se encuentran dos multicondenados: el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez y el ex policía Roberto “El Tuerto” Albornoz.
La mayoría de las 39 víctimas son ex funcionarios, militantes justicialistas o ex sindicalistas, como el ex diputado Antonio Isaac Guerrero o el ex intendente capitalino Carlos María Torres. También se abordarán las historias de dos de los afectados que habrían sido asesinados en el Penal: Juan Carlos Suter y José Torrente. Cinco de los afectados, en tanto, permanecen desaparecidos.
“Lo que se va a visibilizar en este juicio es esa especie de ‘status semilegal’ de los presos políticos. Se trata de personas que comenzaron a ser perseguidas judicialmente en el ‘74 por las llamadas leyes antiterroristas. (El ‘blanqueo’) fue la manera en la que el sistema de represión clandestino decidió sacar a la luz a quienes ya estaban secuestrados. Esta modalidad funcionó con más asiduidad antes del golpe”, subrayó Pablo Camuña, fiscal federal (ad hoc) a cargo de la oficina local de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Sucede que, según la pesquisa, sobre quienes pesaba una causa en contra, habrían sido alojados en un área específica. Mientras que los prisioneros denominados por los represores como “subversivos” habrían sido recluidos en el pabellón “E”.
Camuña recordó que las víctimas habrían sido llevadas al penal tras estar secuestradas en otros centros clandestinos como la Jefatura de Policía o la “Escuelita” de Famaillá. Advirtió que luego era común que fueran trasladadas a cárceles de otras provincias, donde permanecían durante años.
El secretario del TOF, Mariano García Zavalía, precisó que las audiencias serán los miércoles y jueves. “Fueron ofrecidos 100 testigos por las partes. Prestarían declaración entre 60 y 70. Por lo tanto, las audiencias se extenderían durante tres meses y la sentencia sería a fin de año”, estimó.