Los mecanismos que regulan los fondos jubilatorios de los letrados profesionales de tucumanos generan interés y preocupación en el sector. Ayer se realizó una reunión en la sede local de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores, en la que se trataron dos aristas de este tema.
En primer lugar, los máximos representantes del organismo cuestionaron el proyecto del legislador oficialista Marcelo Caponio (bloque Tucumán Crece), quien busca la modificación de la ley N° 6.059, referida al funcionamiento de la Caja de Previsión. El dirigente alperovichista, vinculado a la Asociación de Abogados de Tucumán (AAT), propuso un mecanismo para que los letrados puedan recibir los beneficios que presta el organismo de los letrados, a pesar de que sus integrantes no estén al día en el pago de aportes.
El presidente de la institución, Pedro Yane Mana, criticó esta medida. “Es un embate más del poder político contra la abogacía organizada. Se pretende desfinanciar la Caja con un proyecto absolutamente inconsulto. Nos acercó una copia cuando ya lo había presentado (en mesa de entradas de la Cámara)”, protestó el titular del ente, ante una consulta de este diario.
Agregó que el segundo punto objetado en el encuentro de ayer fue el sistema aplicado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) en los casos en que un abogado profesional realiza aportes a la Caja de Previsión local, pero luego ingresa al Poder Judicial y sus dineros retenidos van a parar a las arcas del organismo federal. “La Anses no quiere reconocer los años de ejercicio profesional que el letrado ha aportado a esta Caja con fines jubilatorios. El argumento que dan es que no estamos adheridos al sistema de reciprocidad, cuando la Provincia lo está desde 1981, cuando se sancionó la ley N° 5.288”, agregó Yane Mana.
Morosidad y servicios
En junio, LA GACETA dio a conocer que la Caja de Previsión y Seguridad Social de los abogados y procuradores tucumanos había dirigido intimaciones, debido que el nivel de morosidad alcanzaría el 80%. La medida generó el rechazo de sectores disidentes internos de la institución. Fernando Rogel Chaler, presidente de la AAT, opinó que el régimen vigente “perjudica a los jóvenes profesionales”, ya que sus ingresos no les permiten pagar el aporte mínimo anual. “Parece que los directivos de la Caja desconocen la gravedad de la crisis por la que pasa la mayoría de los colegas y la agravan con estas inoportunas intimaciones”, afirmó entonces Chaler.
Días después, el legislador Caponio dio a conocer su iniciativa para reformar el sistema actual mediante su perfil de Facebook. “Presenté un proyecto de ley para que los abogados y procuradores puedan: 1) imputar el exceso de aportes de un año determinado, total o parcialmente con las deudas que tuvieren con periodos en que no cubran el aporte mínimo anual; 2) recibir los beneficios que presta la Caja, a pesar de no estar al día en el pago de aportes. Para ello, se prevé una compensación contable, es decir que los beneficios se imputan al aporte mínimo anual; 3) fijar el plazo de prescripción en 10 años para el cobro de aportes por parte de la Caja”, redactó el apoderado del Partido Justicialista (PJ).
En el ente que administra los haberes jubilatorios de los letrados profesionales esta noticia generó preocupación. Ayer, Yane Mana se reunió con Osvaldo Chiérico (secretario general de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina) y con César Antonio Grau (presidente del Consejo Coordinador de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina), entre otros dirigentes del sector. Tras el encuentro, Yane Mana se mostró preocupado por la posibilidad de que la propuesta de Caponio llegue al recinto tal como está redactada. “Debe haber, antes de una reforma de estas características, un estudio actuarial previo. Se pretende que se brinde servicios a los afiliados con deudas, a sabiendas de la gran morosidad que existe entre los activos. Esto desfinanciaría la institución”, señaló el letrado tucumano. Y tildó de “pura demagogia” la propuesta del alperovichista. “Lo hace justo en un momento en que se conoce cuál es el estado de situación de los deudores”, manifestó. Y sostuvo que la iniciativa de Caponio no tuvo en cuenta un punto importante. “Ya se ha prorrogado el plazo, con facilidades de pago, hasta el 10 de diciembre de este año. Pero, entre gallos y medianoche, elevó este proyecto que no tiene asidero ni consultas previas”, reafirmó.
También insistió en la preocupación de los representantes de instituciones similares por la -según ellos- falta de reconocimiento de sus aportes por parte de la Anses. “Ya ha tomado estado público el desconocimiento en que incurre (el organismo nacional). Las leyes vigentes indican que la Caja (de Previsión y Seguridad Social) está automáticamente adherida al sistema de reciprocidad. Pero Anses no toma por válidos los aportes (recibidos por esta institución) por el ejercicio profesional. Esto debe ser resuelto”, sostuvo Yane Mana.