Las entidades cañeras tucumanas recurrieron a la Carta Documento para exigir a los industriales que “se abstengan de retener” el porcentaje conocido como la “cuota Moreno”, volumen que entrega la agroindustria a la Nación y que se comercializa a bajo costo en las góndolas.
El documento es, por definición, “un mecanismo de comunicación fidedigna, requerido por el sistema de derecho, a efectos de dotar de validez y efectividad a un sinnúmero de temas jurídicos”. Con esa premisa, los presidentes de las organizaciones de productores adujeron que los ingenios “no tienen el sustento legal” para utilizar el stock de los cañeros dentro el programa de precios del Gobierno nacional. “De hacerlo, se incurrirá en una retención indebida”, afirmó el texto.
La Carta Documento fue firmada por Mario Tizeira, de Cañeros Unidos del Este (CUE); Edmundo “Otto” Gramajo, del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu); Sergio Fara, de Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT); y Guillermo Mors, de Unión Cañeros del Sur (UCS).
Las entidades enviaron la nota a los 15 ingenios que funcionan en la provincia, ratificando sus críticas a los empresarios y al esquema comercial. Se enmarca en un acuerdo entre el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y los dueños de las fábricas, y que hoy sigue vigente.
En el convenio se determinó la entrega de 10.000 toneladas de azúcar por mes, que se comercializan bajo la marca “Dominó” y que son destinados a abastecer las góndolas de los supermercados de Buenos Aires (prácticamente, el producto no se consigue en el Interior).
La semana pasada, las cuatro entidades elevaron la protesta a los industriales y solicitaron ajustes en las pautas comerciales, tanto con el sector privado como con el Gobierno nacional.
El valor de la bolsa de azúcar de 50 kilogramos fue elevado de $ 75 a $ 240 en el inicio de este año. Sin embargo, los productores advirtieron “que se les está pagando a un valor menor, a pesar de la suba del precio”. Desde Cactu ratificaron que la disponibilidad de ese cupo por parte del ingenio, no tiene una regulación legal. En ese sentido, remarcaron que la ley de maquila establece la inmovilización del stock de los cañeros.
Los dirigentes cañeros advirtieron también días atrás que los productores locales “nunca participaron en las negociaciones por la cuota nacional, el precio y la distribución del producto”.