El cuestionado fiscal de Instrucción en lo Penal de la II Nominación, Carlos Ramón Albaca, recibió ayer la noticia que esperaba desde febrero de este año, cuando el legislador del PRO, Alberto Colombres Garmendia, había requerido su destitución ante la comisión de Juicio Político del parlamento. Pero los cuestionamientos por la labor del magistrado en la causa sobre el homicidio de Paulina Lebbos quedarán archivados.

El comité legislativo, que preside el alperovichista Sisto Terán Nougués (bloque Tucumán Crece), resolvió la clausura del trámite. Según fuentes del parlamento, la medida se tomó porque el Poder Ejecutivo (PE) había comunicado a la Legislatura que se había cumplimentado la condición que había puesto Albaca al momento de presentar su renuncia. El año pasado, el magistrado había dimitido con el objetivo de jubilarse con el beneficio del 82% móvil (este paso es un requisito formal para pasar al sector pasivo con este régimen). En junio, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) confirmó que el fiscal reunía los años y los aportes para su retiro. Así las cosas, la comisión de Juicio Político debió archivar las acusaciones formuladas por el PRO. “Este comité obró contrario a derecho cuando, en febrero pasado, rechazó el pedido de remoción oportunamente formulado por mi parte”, señaló Colombres Garmendia.

La información fue confirmada por Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), único opositor que integra ese comité legislativo. “Llegó la comunicación del PE”, aseveró el republicano. Y recordó que este es el paso “que indica la ley” en un proceso de remoción.

Según la normativa referida al Jury de Enjuiciamiento (ley provincial N° 8.199, “producida la renuncia del acusado se clausurarán las actuaciones en el estado en que se encuentren”. “En tal caso, la comisión de Juicio Político o el Jurado de Enjuiciamiento, según la etapa en que la renuncia hubiera ocurrido, deberán remitir las actuaciones al Poder Judicial, si estimaren que de las mismas surge la comisión de algún delito”, agrega el texto, vigente desde 2009.

En ese sentido, ya existe un proceso penal en contra de Albaca. Este año se le inició al fiscal de Instrucción un sumario administrativo, debido a supuestas irregularidades formales detectadas en el expediente del caso “Lebbos” por el actual investigador de la causa, Diego López Ávila, fiscal de Instrucción de la VI Nominación. La instructora del trámite interno, Marta Jerez de Rivadeneira (es, además, fiscal de Cámara), ventiló una serie de anomalías en la pesquisa, y culpó a Albaca por la mora en el proceso penal. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) hizo suyo este informe, y (con voto dividido) resolvió el envío del sumario al fuero penal para el inicio de una causa contra el cuestionado magistrado.

Ayer fue el último día hábil en la Justicia provincial. Albaca deberá reintegrarse el 21 de julio. A los 10 días -tras más de dos décadas al frente de la Fiscalía de Instrucción de la II° Nominación- el funcionario judicial se retirará de ese cargo.