¿Justicia o injusticia social? El debate que se planteó ayer en torno al proyecto de ley del Poder Ejecutivo (PE), por el cual pasaron a planta permanente trabajadores transitorios del Estado -no así los contratados-, giró en torno a esa disyuntiva.

Tal como había acordado, la Casa de Gobierno con los gremios ATE y UPCN en las paritarias de abril, se dispuso la efectivización de los empleados que estuvieran en condición de transitorios al 31 de diciembre de 2012. Fuentes del oficialismo explicaron que hay 3.300 trabajadores en esa situación, aunque no todos tienen esa relación laboral con el Estado desde el plazo que indica el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el gobernador, José Alperovich, el 14 de abril. En el recinto, el presidente de la comisión de Hacienda, Ramiro González Navarro (PJ), señaló que “cada repartición deberá hacer un balance de los cargos disponibles y sus necesidades”.

La oposición reclamó estas cifras. “No nos dijeron qué cantidad de personas son”, señaló José Páez (Democracia Cristiana). Pidió un trato similar para otros sectores del Estado y calificó de “horroroso” el convenio firmado entre los dirigentes gremiales y el PE.

El massista José Orellana (Frente Renovador) advirtió que “más que una solución, esto puede generar un problema”. “Los que no estén comprendidos por este decreto van a tener razón si se movilizan y hacen manifestaciones”, agregó.

La peronista Susana Díaz aclaró que esta medida no implica un gasto para el erario. “Se viene concediendo esos derechos a empleados, acorde al presupuesto. A estos fondos la Provincia los tiene; antes les tocó a otros, ahora a los que se menciona”, recalcó.

Marcelo Caponio (PJ) celebró la norma y aseguró que “también se debe avanzar en el sector privado y en cada lugar donde estén precarizados”. Señaló a los trabajadores de radio de prensa como unos de los más perjudicados.

El radical Fernando Valdez también solicitó la nómina de quienes pasarán a planta permanente. “Este proyecto ratifica la ‘década perdida’. Si el único medio que tiene Tucumán para crecer es la empleomanía, no hablamos de justicia social, sino de déficit fiscal y de una fuerte carga tributaria”, dijo el opositor. Ariel García (UCR) expresó que el plan es “injusticia social”: “al listado de los nombrados lo define el ministro del Interior (Osvaldo Jaldo), socio de la corrupción en las comunas”, indicó.

El presidente de la bancada Tucumán Crece, Roque Álvarez, (PJ) desestimó que la medida tuviese causas electorales. “Si fuese así, no habría lugar en las gradas para la cantidad de gente que vendría a aplaudir”, exclamó el peronista.