Denunciar el lugar del barrio en el que venden droga o pedir ayuda porque un familiar es adicto a los estupefacientes, no debería ser difícil desde agosto. Al menos así lo creen los jueces federales, que ayer firmaron un convenio para instalar unos 200 buzones en toda la provincia que facilitarán el acceso a la Justicia, según manifestó el camarista Federal Ricardo Sanjuán.

La denominada “Campaña por la vida” comenzará a funcionar el 4 de agosto, y los buzones se instalarán en dependencias judiciales y gubernamentales de la provincia. Los vecinos podrán escribir en un papel, sin dejar sus datos personales, cuáles son los lugares en los que tienen sospechas de que funciona un “quiosco” de droga, y la Justicia Federal analizará cada caso para decidir si puede iniciar una investigación penal.

El presidente del Colegio de Abogados, Francisco García Posse, explicó que hasta que se habiliten los buzones, la Justicia Federal capacitará a letrados del Consultorio Jurídico Gratuito, y que se diseñará el mecanismo para que las denuncias anónimas lleguen a los tribunales.

La provisión de los buzones dependerá del Colegio de Abogados. “Nos queremos hacer cargo de la difusión del sistema. Estamos ensayando una metodología que no conocemos y seguramente habrá errores que tendremos que ir subsanando”, manifestó García Posse.

Las denuncias

El presidente del Colegio de Abogados comentó que los buzones serán entregados con precintos de seguridad que serán abiertos cada cierto tiempo. “Todo dependerá de los lugares en los que se instalen. En los Juzgados de Paz, por ejemplo, el titular del despacho público abrirá los buzones cada 15 días, los pondrá en un sobre y los remitirá al Juzgado Federal”, dijo.

Para dejar las denuncias no hay ninguna formalidad. Basta escribir en un papel la información que se quiere hacer llegar a la Justicia.

“Observamos que la campaña del 0-800 no es tan efectiva porque las personas tienen miedo de usar el teléfono, tal vez porque creen que se los está grabando o identificando. Es una pena pero el resultado no ha sido el esperado. Creemos que esta denuncia anónima, que se tire un papel en un buzón, puede llegar a producir un efecto diferente”, afirmó Sanjuán.

En la Justicia

Una vez que las denuncias anónimas lleguen a tribunales, se analizará su contenido y se las derivará a los fiscales federales, quienes deberán impulsar la investigación, explicó Sanjuán. El año que viene, cuando entre en vigencia la ley que transfiere a la Justicia provincial las causas de venta de droga de menor escala, se analizará cada denuncia y se decidirá si corresponde al fuero federal o al ordinario, según dijo García Posse.

El primer paso que deberían tomar los fiscales es ordenar que se verifiquen los datos de la denuncia anónima (como los domicilios) y luego recolectar pruebas para corroborar o no la existencia de un delito. Esta investigación suele demandar meses, ya que debe registrarse la habitualidad en la venta de droga, explicaron en la Justicia Federal.

Asistencia

En los buzones también podrán colocarse papeles con pedido de asistencia. En estos casos, serán derivados a la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia. “Son casos de adictos que estén desprotegidos por su grupo familiar o por la sociedad, que necesiten asistencia y que por desconocimiento o por cualquier otra razón, no pueden llegar a los lugares de asistencia”, explicó el camarista Sanjuán.

“Vamos a hacer un diagnóstico en función de ese paciente y esa estructura familiar, y ver cuál es el tratamiento adecuado”, comentó el secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Lucas Haurigot Posse. El funcionario aclaró que, de todas maneras, quienes requieran asistencia pueden acudir a la Dirección de Asistencia, ubicada en La Rioja 523.