La comisión de Juicio Político de la Legislatura recibió el lunes pasado el descargo del fiscal de Instrucción, Carlos Albaca, ante el proceso iniciado por la demanda de presunto incumplimiento en sus funciones como investigador del caso “Lebbos”. De esta forma, el planteo formulado por el legislador del PRO, Alberto Colombres Garmendia, continúa su curso, mientras el funcionario judicial aguarda la conclusión de sus trámites jubilatorios con el 82% móvil.
El equipo de trabajo parlamentario, que preside el oficialista Sisto Terán, tiene hasta el 30 de junio para definir si eleva la acusación contra Albaca al Jurado de Enjuiciamiento, órgano multipoder que entiende en la remoción de magistrados. En la reunión de ayer, la comisión legislativa dio por recibido el descargo del fiscal, y pidió informes para la producción de pruebas (tanto sobre la base de los dichos de Albaca como de Colombres Garmendia).
El grupo de Juicio Político (no estuvo presente el massista José Orellana) analizó además otros requerimientos de remoción. Según Terán, se decidió no darle curso a la demanda del Colegio de Abogados contra Albaca, debido a que contenía similares acusaciones y valoración de evidencias que el escrito del PRO. Tampoco prosperó un planteo de los peronistas disidentes Oscar López y Jesús Pellasio, quienes apuntaban al fiscal por su labor en el caso “Lebbos” y por intervenciones objetadas en otros procesos penales. Se clausuró además el trámite peticionado por el propio López en contra del ministro fiscal de la Corte Suprema, Luis de Mitri. El jefe de los fiscales ya renunció a ese cargo, como parte del proceso para jubilarse como magistrado, con el 82% móvil. La comisión de Juicio Político entendió que, al haberle aceptado al dimisión el PE, la normativa indica que las actuaciones para removerlo se clausuran por devenir en abstractas.