El titular de la página 4 de este mismo diario (“Una consulta callejera revela que la gente descree que Bodou vaya ir a preso por el caso Ciccone”) da en el centro de una de las preocupaciones del juez cordobés Víctor María Vélez, y de la Federación Argentina de la Magistratura y de la Función Judicial (FAM) que este preside. Así lo expresó el propio dirigente gremial en la entrevista que concedió a este diario en el ámbito de la asamblea anual celebrada en Tucumán. “La ciudadanía siempre cree que el Estado pondrá en marcha el mecanismo para proteger al funcionario público cuestionado. Esto efectivamente ocurre algunas veces, pero a nosotros no nos gusta no poder investigar la corrupción y esclarecer las denuncias, y vamos a hacer todo lo que podamos para que ello cambie”, prometió.

El “nosotros” de Vélez involucra a los 13.300 jueces de todo el país que reúne la FAM. “Nuestra institución funciona como una suerte de caja de resonancia de la situación de la magistratura argentina porque recibimos la versión de las asociaciones de jueces de las provincias”, explicó el viernes, en una salita del Jockey Club, antes del comienzo de la conferencia sobre ética judicial que brindó el jurista Miguel Ángel Ciuro Caldani (ver abajo). El día anterior los asambleístas habían asistido a la apertura del encuentro en el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán; se retiraron a debatir y, luego, participaron de un cóctel en la Casa Histórica.

El termómetro de la judicatura está clavado en la marca del acceso a la Justicia, según Vélez. “Ello guarda relación con la posibilidad real de actuar con independencia porque esta es la única manera en la que un juez puede satisfacer las expectativas de los ciudadanos y, por otro lado, con la posibilidad de ser eficaces”, precisó. Varias veces a lo largo de la conversación recordó que los Tribunales no están para ser complacientes: “debemos tener claro que los poderes judiciales ponen límites a los demás poderes o a cualquiera que con su actuación pretenda afectar los derechos de los ciudadanos”.

En esta capacidad de poner límites inciden los presupuestos y los procedimientos legales. Al respecto, Vélez bregó por la incorporación de la Policía Judicial -órgano de investigación dependiente de la magistratura- y de los jurados populares (vigentes en Córdoba, entre otras jurisdicciones). “La ciudadanía fortalece y aumenta la credibilidad de los Tribunales”, reflexionó. También dijo que sería bueno que haya mecanismos de impugnación pública aplicables a los candidatos a ocupar los puestos de la cúpula judicial (vocalías de Corte, ministro público y defensor general). “Sería sano que el Poder Ejecutivo renuncie a la máxima discrecionalidad y someta la preselección de postulantes a un método objetivo como el concurso de antecedentes y oposición, pero me parece muy difícil que eso ocurra”, vaticinó.

La entrevista luego se concentró en el desafío de juzgar casos de corrupción y la sensación de la sociedad de que los jueces no están, en general, a la altura de las circunstancias. “El prestigio de la Justicia depende en gran medida de la posibilidad de llevar a buen puerto las causas más sensibles para el poder político”, dijo. Pero Vélez advirtió que romper con la trama de protección de un funcionario es muy difícil si no existe independencia, voluntad y herramientas. Al final, sentenció: “con el coto cerrado no vamos a ningún lado. Lo mejor que nos puede pasar es abrir puertas mediante la publicidad de todos los actos judiciales y la participación de la ciudadanía en los Tribunales”.