Lágrimas de emoción, abrazos apretados, aplausos... En las tribunas de la Cámara de Diputados (y en la sala también) se celebraba el 5 de junio del año pasado la sanción que garantizaba el “acceso integral” a los tratamientos de fertilización asistida.

El verbo garantizar en pasado no es un accidente: a un año de esa jornada, que marcó otro hito en la historia de las leyes argentinas que procuran mayor inclusión, solo seis provincias se adhirieron a la ley: “solo lo hicieron Chubut, Santa Fe, La Rioja, Entre Ríos, La Pampa y San Luis”, informó Mariana Contreras, presidenta de la fundación Sumate a Dar Vida.

Otros cinco distritos tienen sus propias normas, en general, más restrictivas.

Dicho con otras palabras: en Tucumán el Estado está muy lejos de ser garante de la igualdad de oportunidades en lo que a fertilización asistida se refiere. Veamos por qué.

Los médicos especialistas en fertilización Ernesto Feler y Sergio Mirkin lo explican con claridad. “Con sus más y sus menos, las obras sociales nacionales están cumpliendo. El problema aquí es el Subsidio de Salud, que es la obra social más numerosa”, destacó Feler. Es un problema porque, como la Provincia no se adhirió a la ley nacional ni sancionó la propia, deja un vacío legal del que se “aferra” la obra social.

Por su parte, Mirkin, delegado regional de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, es más contundente: “falta decisión política”, afirma, y todo indica que tiene razón.

Algo de historia

Hace poco menos de un año, con la ley nacional recién sancionada, la Comisión de Salud de la Legislatura convocó a especialistas médicos (entre ellos el propio Mirkin), a abogados y a representantes de obras sociales, incluida la interventora del Subsidio, Nelly Ganim.

La presidenta de la comisión, Beatriz Ávila, sintetizó entonces así la reunión: “fue muy positiva, porque sirvió para estudiar cómo avanzaremos y para compartir conocimientos sobre la temática” (LA GACETA 17 de julio de 2013).

Reinaba el optimismo, pero, se aclaró, hacía falta esperar la reglamentación. Esta llegó, mediante Decreto 956/13, el 23 de julio... Pero en Tucumán nada más sucedió.

En la incubadora

La legisladora Ávila, sin saberlo, coincide con Mirkin: “que Tucumán se adhiera a la ley depende de una decisión política del Poder Ejecutivo”, afirma y su voz denota frustración cuando cuenta lo sucedido: “aquella reunión del 16 de julio justificaba nuestro optimismo. Poco después, el 1 de agosto, la comisión resolvió la adhesión completa a la ley nacional. El proyecto establecía que el Ministerio de Salud sería el órgano de aplicación y que de la reglamentación participaría el Subsidio, al que, justificadamente, le preocupaba la financiación”, recuerda. “Se acordó también que se establecerían parámetros razonables (como limitar la edad máxima de las gestantes) y la implementación progresiva del proyecto para no provocar una avalancha imposible de afrontar”, asegura. “Hoy el expediente se encuentra como asunto pendiente en la comisión de Labor Parlamentaria, formada por los presidentes de bloque, que son quienes definen el orden del día del recinto”, añade, sin poder resignarse del todo.

Dicho brevemente: el proyecto de adhesión a la ley nacional ya cumplió 10 meses de incubadora... y no se ven posibilidades de que le den el alta.

Ávila insistió, sin embargo, en que el Subsidio está obligado a cumplir la ley igual que cualquier otra obra social. “Una ley de la Nación siempre está por encima. Pero si se lograra la adhesión de la Provincia, se podría reglamentar al detalle y solucionar problemas para los que la amplitud de la norma nacional deja la puerta abierta”, destaca y, también sin saberlo, coincide con Mirkin.

“La ley establece la ‘cobertura integral’, sin mayores especificaciones, y deja áreas grises, como qué porcentaje del costo de los medicamentos se debe cubrir, las intervenciones en las personas donantes de gametas, los diagnósticos preimpalntatorios, etc”, advierte el médico tucumano.

Por esas áreas grises se cuelan los “peros” que las obras sociales insisten en sostener, y que una reglamentación local podría llegar a eliminar.

Buenas y malas

Rossana Chahala, directora de la Maternidad afirmó que desconoce las razones por las cuales Tucumán no se adhirió a la norma nacional. “Pero puedo informar que en la Maternidad desarrollamos el Programa de Asistencia de Fertilidad, con tratamientos de baja y de alta complejidad. Y el ministro de Salud, Pablo Yedlin, nos ha dato su total apoyo. Atendemos pacientes sin obra social y y sin hijos, de hasta 40 años, con su propia reserva ovárica. Y también hacemos criopreservación de pacientes oncológicas. Nosotros nos encargamos de los aspectos médicos y tercerizamos la parte biológica. Nos sorprendió descubrir que la demanda es menor que la que imaginamos. Eso sí: a los pacientes que tienen obra social tenemos que derivarlos. Nosotros no podemos hacernos cargo”, explicó.

Es aquí donde la serpiente se muerde la cola, y el ciclo recomienza: como señalaba el doctor Feler, el problema es que, en Tucumán, la gran mayoría de los pacientes depende del Subsidio...

La edad
“La naturaleza también dice basta”

La frase es del doctor Ernesto Feler, uno de los especialistas tucumanos en fertilidad y destaca uno de los puntos polémicos de la ley: establece un mínimo de 18 años, pero ningún tope. Y ese límite, uno de los pedidos de las obras sociales, lo reconocen los médicos. “Desde 35 años decrece la cantidad de óvulos y hay alteraciones cromosómicas, fallas de fertilización, embriones anormales, menor implantación, menor desarrollo embrionario in vitro y, por lo tanto, menores resultados”, advirtió Sergio Papier, de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Ese límite era uno de los problemas que se esperaba solucionar cuando se reglamentara la adhesión de la Provincia a la ley nacional.