Las presuntas irregularidades detectadas durante la investigación del crimen de Paulina Lebbos generaron una dura reacción del Colegio de Abogados, que el miércoles pasado decidió promover un pedido de remoción contra el fiscal de Instrucción, Carlos Albaca, ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura.
Francisco García Posse, titular del ente que representa a letrados, anunció esta iniciativa en diálogo con LA GACETA, y adelantó que el próximo miércoles, el cuerpo de profesionales podría resolver además impulsar una demanda penal contra el magistrado. El consejo directivo analizará también eventuales acciones contra el ministro fiscal, Luis De Mitri, y contra el fiscal de Cámara Alejandro Noguera, quien fue el primero en llevar la pesquisa del caso “Lebbos” cuando era titular de la Fiscalía de Instrucción de la V° Nominación.
“La Ley N° 5.233 impone al consejo directivo la obligación de acusar a los magistrados que hubieren incurrido en mal desempeño”, remarcó García Posse. Por ello, el miércoles pasado, el Colegio de Abogados resolvió de oficio impulsar el planteo de remoción contra Albaca sobre la base de tres informes. El primero fue el análisis del expediente del caso “Lebbos” realizado por Bernardo Lobo Bugeau para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; el segundo, las duras consideraciones vertidas por la fiscala de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira en el sumario administrativo formulado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) contra Albaca; el tercero fue el dictamen, en el marco de ese proceso, que elevó el ministro fiscal De Mitri, también señalando presuntas anomalías en la pesquisa. Al momento de la reunión del Colegio de Abogados, el alto tribunal aún no había concluido el trámite interno contra el fiscal. Con la difusión de la acordada N° 412/2014, según García Posse, existen nuevos elementos que podrían servir para iniciar una demanda penal contra Albaca.
Esta acordada de la CSJT, publicada el miércoles, se hizo eco de las duras observaciones realizadas por Jerez de Rivadeneira. Según la instructora, el fiscal omitió una serie de pruebas y paralizó con su accionar el avance de la investigación del crimen.
Por el voto mayoritario de los vocales Antonio Gandur (presidente), Antonio Estofán y René Goane se resolvió pedir a un juez de Instrucción que investigue a Albaca por presunto mal desempeño; enviar copias del sumario administrativo a la comisión de Juicio Político de la Cámara, donde se tramita un proceso de remoción por un planteo del PRO; y ordenar al ministro fiscal que tome medidas para poner en orden la Fiscalía II°.
Los vocales Claudia Sbdar y Daniel Posse votaron en disidencia, pues consideraron que al haber denegado la Anses la jubilación a Albaca, la renuncia condicionada que había sido aceptada por el Poder Ejecutivo no impide el proceso de remoción en la Legislatura. Por ello, decidieron denunciar a Albaca ante la comisión de Juicio Político; además, remitieron copia del sumario administrativo al Juzgado de Instrucción de turno “a fin de que proceda como corresponda”.
En esta línea, García Posse indicó que el Colegio de Abogados considera que aquella dimisión condicionada no debe impedir el enjuiciamiento de Albaca como funcionario público. “No habiendo renuncia concreta y actual, que en el caso de Albaca nunca la hubo, corresponde seguir adelante con el trámite, sea en esta causa o sea en las nuevas que se vayan presentando”, sostuvo.