Tocar los subsidios económicos es como meter los dedos en el enchufe. En cierta medida, puede significar una reducción de esos aportes del Estado a las empresas que prestan servicios públicos privatizados puede llegar a aliviar la carga fiscal, pero también significaría un elevado costo político para la gestión. Sencillamente porque se traduciría en un reajuste tarifario algo que, por el momento, el Gobierno nacional no está dispuesto a avanzar. Los millones que el Poder Ejecutivo Nacional a los subsidios de carácter económico están bajo la lupa del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, en los últimos días, volvió a la carga con sus recomendaciones para la Argentina. Y esto sucedió como corolario del comportamiento de ese indicador en las cuentas públicas nacionales.

Durante el primer bimestre del año, los subsidios económicos registraron un incremento del orden del 65% interanual, muy superior al observado en el cuarto trimestre de 2013, y al acumulado durante aquel año (del 34%), según el último reporte de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Sin embargo, “el breve período de dos meses no permite todavía afirmar que se trata de una aceleración, y más aún teniendo en cuenta que a la fecha de preparación del informe no se había tomado la decisión por parte del Poder Ejecutivo de reducir en forma sustancial de los subsidios de gas y agua”, había advertido el reporte. Esto último refuerza la idea de que la situación producida en el bimestre enero-febrero no es representativa de cómo ha de evolucionar el monto de los subsidios durante 2014.

La dinámica de los subsidios económicos en la última década se hizo a todas luces insostenible, por lo que su reducción no estaba puesta en duda, pero si su alcance y timing. Era sin dudas la prueba ácida que enfrentaba el equipo económico que comenzó el año adoptando medidas que hasta el momento eran impensadas, indica un reporte de Empiria Consultores. “Se acumularon tensiones de muchos años y el principio de la solución arrancó con el agua y con el gas”, dijo a DINERO Milagros Gismondi, economista de esa consultora. No obstante, aclaró que no se sabe -con certeza- qué sucederá en materia de electricidad, “que representa el 65% de los subsidios económicos”. Más aún, Gismondi indicó que una recomposición tarifaria se enfrentará además con las distorsiones históricas que han tornado totalmente regresivo el esquema de subsidios entre usuarios de Capital Federal y del interior. “La política (en materia de subsidios) tendrá que cambiar, pero tiene un elevado costo político porque dañará el bolsillo de los usuarios”, advirtió.

Fausto Spotorno, economista jefe de Orlando Ferreres & Asociados, sostuvo que los subsidios económicos es una cuestión central en la gestión económica. “Casi todo el déficit fiscal está causado por subsidios a la energía y al transporte”, acotó. Y la tendencia es creciente. “Esto puede llegar a empeorar la relación fiscal; los subsidios económicos han destrozado los precios relativos en cuanto a lo que paga la gente por la energía respecto de lo que cuesta esa energía”, simplificó. Spotorno cree, no obstante, que el reajuste tarifario y la reducción de subsidios continuará, tal como está sucediendo con el combustible líquido, por los años de atraso. “El problema es cómo aguantará el Gobierno el reclamo empresarial de recomposiciones, porque los márgenes de maniobra se acotaron”, afirmó. El experto indicó que esta o la próxima gestión están condenadas a subir las tarifas. “En el camino, el Gobierno deberá alinear la política fiscal con la energética, en un marco de sostenimiento de tarifas sociales o baja de impuestos para que la gente pague lo que corresponde por la tarifa”, finalizó.

Respuesta oficial

Crítica por el “sesgo ideológico”

El Ministerio de Economía nacional dijo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mostró su “sesgo ideológico”, en alusión a los dichos de la jefa de estudios regionales del Departamento del Hemisferio Sur, Dora Iakova, sobre el rol y los efectos de los subsidios a la energía. Esa referencia formó parte del Panorama Económico Regional de abril. Según la cartera oficial, el FMI critica a Argentina, “a pesar de que el gasto en subsidios constituye un fenómeno generalizado en toda América Latina y el Caribe”.

Comparación

Contra el subsidio a la “agricultura”

El Gobierno planteó que el FMI “debería explicar por qué las críticas hacia los subsidios se focaliza, exclusivamente, en aquellos destinados a la energía y no se menciona los multimillonarios recursos que los países desarrollados destinan a sus sectores agrícolas”. “Estados Unidos subsidia a su sector agrícola por más de U$S 390.000 millones, lo que equivale a las exportaciones anuales sumadas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú”, según comunicó el Ministerio de Economía.

Tendencia creciente

Energía y transporte concentran 87%

En 2013 los subsidios a empresas públicas y privadas sumaron $ 134.114 millones, monto que representó un 4,6% del PBI. Esta cifra, que significó un récord en términos de la importancia relativa de los subsidios, consolidó una tendencia creciente, que ya se mantiene por ocho años consecutivos, según un reporte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Los subsidios energéticos y de transporte concentraron un 87% del total de aportes efectuados el año anterior.

Sugerencia del FMI

La disputa con el Gobierno

El FMI señaló que la devaluación, la suba de tasas y los anuncios de baja de subsidios no alcanzan y recomendó al gobierno argentino llevar adelante “ajustes adicionales de política económica para reestablecer la estabilidad macroeconómica”. En su informe de Perspectivas de las Américas, el FMI recomendó bajar su nivel en el sector energético, mientras que el ministro de Economía, Axel Kicillof había rechazado su eliminación para evitar que se disparen más los precios.

Las desventajas

Dañan la sostenibilidad fiscal

Según el reporte del Fondo, los subsidios a la energía “pueden dar lugar a preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad fiscal, sobre todo si esos aportes son por tiempo indefinido”. “Los gobiernos que fijan o que no ajustan completamente los precios internos de la energía durante períodos de aumentos de precios mundiales tienen que decidir si abandonan las metas fiscales, reducen otras partidas de gastos o suben los impuestos. Por eso, dan lugar a episodios de atrasos de pagos internos”, dijo.

El objetivo final

La eliminación, lo óptimo

El diagnóstico más polémico del informe del FMI se refiere a la eliminación lisa y llana de los subsidios. “Suele ser una medida óptima, pero típicamente muy difícil. “La experiencia internacional destaca la importancia de eliminar los subsidios de manera pragmática; es decir, gradualmente y con medidas de mitigación bien focalizadas en los más vulnerables y los grupos más afectados por la reforma”, indicó. Agregó que esto debe ir acompañado de una estrategia de comunicación orientada a generar cierto respaldo” por parte de la sociedad.

El ahorro fiscal no sería suficiente

Según Empiria Consultores, la reducción de subsidios y una eventual baja en los subsidios a la electricidad, más una caída en las transferencias a Empresas Públicas, significaría un ahorro fiscal máximo de $ 25.000 millones, es decir menor a un punto sobre el PBI. “Esto sería insuficiente para contener el avance de los subsidios económicos que pasarían a representar el 4,8% del PBI (tras el 4,5% alcanzado en 2013)”, advierte la consultora. La devaluación de enero jugará un papel central en el costo de las compras de energía en el exterior.

Entre los servicios de gas y del agua, en los cuales el Gobierno anunció la quita de subsidios a partir de este mes, el ahorro máximo sería cercano a los $ 7.150 millones, un 5% del total de subsidios económicos de 2013, algo que estaba en los planes oficiales.