BUENOS AIRES.- El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, sostuvo hoy que la presidenta Cristina Fernández no incurrió en "una acción delictiva" al firmar el decreto que habilitó el acuerdo de YPF con la empresa estadounidense Chevron para la explotación de Vaca Muerta.
   
Parrilli vinculó la información que la Cámara Federal porteña reabrió una causa contra Fernández por la norma que creó el régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas a "una acción mediática".
    
El funcionario consideró que en este tema "se hizo una mezcla, con una clara intención de La Nación y Clarín de atacar a la Argentina, porque no quieren el desarrollo de autoabastecimiento de petróleo". De esta manera, Parrilli salió en defensa de la jefa de Estado, luego de que el martes la Cámara Federal porteña reabrió una causa contra Fernández por el acuerdo YPF-Chevron por el yacimiento de Vaca Muerta, tras la firma del Decreto que creó el régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas.
    
Parrilli denunció que esta situación se enmarca en "una acción desmedida en contra de la Presidenta".
   
"La Presidenta no está siendo investigada por esto", subrayó el funcionario, quien también alertó que hay "intereses económicos de las empresas que hacen los seguros medioambientales para generar incertidumbre acerca de si hay daño o no en el medio ambiente".
    
Parrilli recalcó que "no hay ninguna duda por parte de la Justicia sobre una acción delictiva por parte de la Presidente de firmar el Decreto" 929/2013.
    
"La Justicia dice que no hay que investigar a la Presidenta, el fallo (de la Cámara) dice que el decreto entra en colisión con la Ley", expresó Parrilli.
    
El secretario general de la Presidencia aseveró que el decreto en cuestión es una norma marco y el acuerdo con Chevron"no lo firmó la primera mandataria, sino que lo hizo YPF con esa compañía de los Estados Unidos.
    
Parrilli insistió que ese Decreto es marco regulatorio general, que no se hizo para Chevron sino para "todas las inversiones" hidrocarburíferas por más de 1.000 millones de dólares. "El fallo, que no habla nada de la Presidenta y Chevron, le dice al fiscal (Eduardo) Taiano que investigue, nada más", puntualizó el funcionario, tras la denuncia presentada por el diputado porteño Alejandro Bodart (MST) y el abogado ambientalista Enrique Viale. (DyN)