Con los anteojos al filo de la nariz, Alicia Velázquez hizo cuentas frente al cartel de precios de la carnicería. Miró la billetera y sacó $ 100 para pagar una compra de $ 70. Luego de recibir la bolsa, la mujer, que trabaja como maestra de primaria, aseguró que el kilo y medio de blando que compró le alcanzará para preparar el almuerzo y la cena de un solo día, y que tendrá que gastar más de los previsto para comprar verdura. “La inflación no para. Mi sueldo y el de mi marido rinden menos. Para la comida, no me queda otra que hacer compras chicas. Es la forma de administrar la plata”, se quejó la docente quien contó que, junto a su esposo, tiene a cargo la alimentación de tres hijos.

La suba de precios -que según el Indec acumuló un 10% en el primer trimestre- consolidó, particularmente en las familias de clase media, la estrategia de consumo que desarrolla Velázquez. Según especialistas, a la hora de comprar alimentos, las familias adquieren los productos requeridos para comer uno o dos días.

Consumidores y comerciantes consultados por LA GACETA coincidieron en que el gasto promedio es de $ 120 para comprar carne, pollo o cerdo y verduras, para uno o dos días. Así, el 42% del salario de un trabajador privado registrado (promedio de $ 5.132 mensuales) se destinaría a adquirir alimentos.

La compra chica

El cambio de hábito vinculado al consumo de alimentos cobró fuerza el año pasado, cuando la inflación fue del 30%, según las consultoras privadas. El titular de la Unión de Consumidores de Argentina (UCA), Fernando Blanco Muiño, explicó que la pérdida del poder adquisitivo provocó una disminución de las compras mensuales grandes, que las familias hacían cuando cobraban el sueldo. “Lo que sucede ahora es que los consumidores se inclinan por segundas y terceras marcas para bajar sus costos”, subrayó.

Otro de los factores que consolidó esta nueva conducta de consumo, según el representante de la UCA, fue la desaparición de las ofertas con tarjeta de crédito en los supermercados, tras de la devaluación del peso, ocurrida en enero. “Al no contar con esta facilidad, y al disponer de menos efectivo, las familias se inclinan por las compras chicas”, recalcó.

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) informó que en marzo, los precios de los alimentos subieron un 50,6%, respecto del mismo mes de 2013. Además, precisó que una familia tipo necesitó, en marzo, $ 2.543,85 para alimentarse y no ser considerado indigente. “Hubo una fuerte disparada en el precio de la carne, que tiene mucho peso en la canasta alimentaria”, advirtió el coordinador local del organismo, Ernesto Gómez Rossi.

Recalcó que en la economía hay factores estructurales que inciden en el incremento constante de los precios. “La alta concentración de la comercialización en manos de grandes cadenas, las dificultades del Gobierno para mejorar la calidad del gasto público, y la falta de un plan antiinflacionario serio impiden que los precios se estabilicen”, indicó.

Por su parte, la subsecretaria de Defensa al Consumidor, María Lucila “Pimpi” Colombo, argumentó que las amas de casa son administradoras flexibles e inteligentes para hacer rendir los recursos. “La tarea de administrar es un aporte económico que se debe destacar. Esta conducta organizada de los consumidores ayuda a controlar los precios, porque hay sectores que se aprovechan para obtener beneficios, como los bancos o, a veces, las grandes cadenas”, manifestó en diálogo con LA GACETA.

Luego de comprar carne, Velázquez fue a la verdulería. Allí, adquirió un kilo de tomate ($ 15), tres pimientos rojos ($ 30) y un kilo de cebolla ($ 6) y sumó $ 50 a los $ 70 que había gastado en la carnicería. “Habrá que estirar los sueldos. Así vivimos los laburantes”, lamentó la docente.

Sin embargo, la devaluación y la inflación no dan respiro al bolsillo. Los salarios del sector privado perdieron 5,5 puntos de poder adquisitivo en el primer trimestre, según se desprende de datos del Indec, consignó la agencia DyN. Entre enero y marzo los sueldos registrados subieron 4,5%, mientras que la inflación oficial en el período fue de 10%. En cambio, el sector público pudo conservar su poder de compra dado que los sueldos subieron 10,4%. Las variaciones salariales corresponden a un período en el que aún no se habían cerrado las paritarias.