El Consorcio intermunicipal encargado de la gestión de la basura de una decena de ciudades implementó una solución provisoria para los inconvenientes que se generaron luego de que la empresa que efectuaba el transporte de los residuos entre las plantas de San Felipe (hasta allí llegan las unidades recolectoras) y la de Overo Pozo (el destino final de los residuos) rescindiera unilateralmente el contrato. La entidad contrató esta semana camiones de manera provisoria para reemplazar el circuito que hasta hace una semana cumplía Servicios y Construcciones La Banda, cuyo gerente es Mario Delfor Criado. La medida de contingencia se extenderá hasta fin de mes, cuando está previsto que el Consorcio llame a una licitación pública para convocar a otras firmas que puedan cumplir con la tarea.

“La situación es normal. Teníamos un servicio de transporte para el acopio interno en San Felipe y lo reforzamos. Se trata de una firma que trabaja con nosotros y que contrata fleteros que tienen experiencia en el tema. Teníamos cuatro unidades y sumamos cinco. Ellos están llevando ahora las cargas hasta Overo”, detalló a LA GACETA Pablo Kunik, presidente del consejo de administración de la organización.

El administrador preció que el contrato con la empresa había comenzado el 1 de junio de 2013 y que debía extenderse hasta el próximo 31 de mayo. Por mes, Criado cobraba entre $1.200.000 y $1.400.000, dependiendo del tonelaje que transportara, de acuerdo con Kunik. Por día, la planta recibe hasta 800 toneladas de basura que producen los habitantes de capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Banda del Río Salí. Alderetes, El Manantial, San Pablo, Villa Nougués, San Javier y Cebil Redondo.

Adelantó que se convocará al Consejo de intendentes para avanzar en los detalles de la licitación. Kunik afirmó que las empresas deberán cumplir requisitos como que los camiones estén adaptados para que el transporte de los desperdicios sea seguro y no haya, por ejemplo, derrames de líquidos.

Tras varios desencuentros y denuncias cruzadas, el vínculo entre la prestadora y el Consorcio se rompió. En las primeras horas del lunes pasado, una decena de camiones debía llegar a buscar las primeras cargas dejadas por los recolectores, pero no lo hicieron. Durante la mañana, Servicios y Construcciones La Banda comunicó el fin del acuerdo mediante una carta documento que envió a las oficinas de la organización. La desvinculación ocurrió un mes antes de lo previsto. De todas maneras, el Consorcio ya había decidido no contar más con la firma.

Durante ese día, se decidió aplicar un plan de emergencia para que los residuos no se acumularan en San Felipe. Por ello, los recolectores de los municipios y de las comunas viajaron directamente a Overo Pozo, salteando la primera instancia del proceso.

La empresa argumentó su decisión por supuestos inclumplimientos “sistemáticos” en los pagos y estimó una presunta deuda de entre $ 16 millones y $ 18 millones. El Consorcio negó inmediatamente tal deuda. Kunik manifestó que se había decidido la desvinculación desde el próximo mes de junio por la “infinidad de incumplimientos gravísimos de la empresa con el Consorcio”. Y afirmó que el dinero que no se había cobrado habría sido porque la documentación necesaria no había sido presentada de manera correcta.

Un asunto polémico
El Consorcio se encarga, desde 2012, de los residuos sólidos urbanos. Pero, el manejo y destino de la basura fue un asunto ríspido en los últimos años por cuestiones medioambientales y legales.

Antes de este modelo de organización, la responsabilidad había estado a cargo de la empresa de Criado, que había sido contratada por la Provincia. Sucede que en 2005, y para resolver las complejas situaciones municipales, el Poder Ejecutivo se había hecho cargo de la problemática. En 2009, sin embargo, el Gobierno dio marcha atrás y devolvió la responsabilidad a los intendentes y a los comisionados rurales.

Por ese entonces, Criado había sido procesado por la Justicia Federal -acusado de violar la Ley de Residuos Peligrosos- por la presunta contaminación de napas y del río Salí. Además, la Justicia provincial había prohibido que se depositara más basura en el predio que había destinado a ello (Pacará Pintado). En febrero de 2012, la concesión con esa empresa venció y desde entonces sólo se ocupaba del transporte.

El circuito de la basura se inicia con la recolección, a cargo de cada municipio (lo hacen mediante empresas o con unidades propias). El resto del proceso, corre por cuenta del Consorcio: la transferencia (en San Felipe se pesa y reúne la basura para ser enviada a su destino final), el transporte (lo concretaba La Banda en camiones especiales) y la disposición final (en Overo Pozo las cargas se arrojan en celdas, donde se compactan y entierran).