SALTA.- El destino de las peritaciones “made in” Francia tenía en vilo a los familiares de las víctimas Houria Mounmi y Cassandre Bouvier, y al fiscal Félix Elías. El objetivo de conseguir la admisión de los estudios y análisis técnicos quedó planteado al comienzo mismo del debate, el 25 de marzo. Hoy, la Sala II del Tribunal de Juicio por fin hizo lugar al pedido, pese a la oposición de los abogados Matías Adet y Horacio Morales, codefensores del imputado Gustavo Lasi.

La discusión abrió la última jornada del juicio, que se destacó por lo prolongada. Elías pidió que la cuestión de las pruebas francesas fuese tratada como de previo y especial pronunciamiento apenas los jueces Ángel Amadeo Longarte (presidente), Bernardo Ruiz y Carlos Héctor Pucheta se acomodaron en sus sillones. A continuación, Adet se opuso con el argumento de que dichas peritaciones habían sido producidas “en una jurisdicción extraña” y, por supuesto, sin control de parte. Morales agregó que el juez Martín Pérez, a cargo de la investigación, no había tenido en cuenta la información generada en aquel país al momento de dictar el auto de elevación a juicio.

“Vamos a garantizar a ultranza el derecho de defensa”, prometió Longarte antes de pedir a las otras partes que se pronuncien sobre el tema. Nicolás Durrieu, abogado de la querella, dijo que había que respetar el acuerdo de colaboración en materia penal firmado por Argentina y Francia, y tomar declaración a los peritos que intervinieron. “La incorporación de las pruebas en este juicio ofrecerá la oportunidad para controlarlas. Excluirlas o declarar la nulidad es una medida extrema. Eventualmente, las partes y los jueces podrán evaluarlas, darlas por válidas o descartarlas”, argumentó.

A su turno y respectivamente, el resto de los defensores manifestó que no tenía objeciones y se pronunciaron a favor de la amplitud probatoria. “El tribunal no puede atender a intereses mezquinos”, opinó José Vargas, codefensor del imputado Santos Clemente Vera. Luego Adet pidió nuevamente la palabra para precisar que el convenio de colaboración internacional mencionado por Durrieu era la Ley 24.767 y se circunscribía al supuesto de extradición. Además, hizo reserva del derecho de recurrir la eventual decisión de admitir la prueba.

La segunda intervención del codefensor de Lasi generó una discusión entre los miembros del tribunal, puesto que Ruiz y Pucheta consideraban que las partes ya habían sido oídas. Pero Longarte decidió habilitar otra intervención de Durrieu, que afirmó que la cooperación comprendía todo lo vinculado a la investigación penal y no sólo la extradición.

Cuarto intermedio mediante, los jueces resolvieron por unanimidad que había que incorporar la prueba elaborada en Francia y recibir los testimonios de los peritos que trabajaron en ella, que podrán declarar por videoconferencia. Para entenderlos e interrogarlos, va de suyo que será necesario disponer de un sistema de traducción en directo.