José Alperovich se sumó a los gobernadores provinciales que aceptaron un subsidio del Gobierno nacional, a cambio del congelamiento de la tarifa de la luz durante un año. El mandatario firmó ayer con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, un convenio que oficializó la medida para Tucumán y que incluyó la aprobación de un plan de obras de infraestructura para mejorar el sistema de transporte y distribución de la energía.

La adhesión conllevó, además, la no concesión por parte de la Provincia del último incremento aplicado en la boleta, retroactivo a febrero de este año. Es decir, ese ajuste ha quedado sin efecto.

Se trata de la última variación de un 2,6%, en promedio, que se percibió en las últimas facturas de consumo. Según informó entonces el Gobierno y la empresa distribuidora, EDET, la suba había correspondido a “un incremento en los costos de abastecimiento energético en el sistema de transporte (pass through) y a la generación e incorporación al sistema de la red de Tafí del Valle y Amaicha del Valle”.

“El congelamiento entró en vigencia y todo se retrotrajo al 31 de diciembre de 2013. El aumento (de febrero) fue pass-through, una diferencia de cargo de generación y transporte y no obras que se financiaran la tarifa y producción. Pero todo queda sin efecto hasta diciembre de 2013”, hizo hincapié el ministro de Desarrollo Productivo Jorge Feijóo.

El Gobierno tucumano adhirió así al “Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración en la República Argentina”, que ha impulsado la Casa Rosada. Ayer, Santa Cruz firmó el mismo pacto, por lo que sumaron 10 las provincias que se incorporaron al plan nacional, cuyos gobiernos se comprometieron a contener la tarifa eléctrica por un plazo de 365 días. Anteriormente lo habían hecho La Rioja, Catamarca, Formosa, Córdoba, San Juan, Jujuy, Chaco y Río Negro. Según informó el Ministerio de Planificación Federal en un comunicado, a partir del convenio con Tucumán y Santa Cruz, la cartera oficial “se compromete, en una primera etapa, a financiar obras de distribución eléctrica en los dos territorios por un monto de $ 200 millones respectivamente, y luego a avanzar -en un segundo período- con nuevas obras eléctricas que permitirán dar confiabilidad al sistema, mejorar la calidad de vida de los usuarios y la competitividad industrial”.

“Los $ 200 millones podrán cubrir las obras de distribución y transporte que tenemos previstas. El convenio es muy conveniente desde el punto de vista financiero”, remarcó Feijóo, quien aclaró que el monto destinado a la segunda fase estará sujeto a la presentación de futuros proyectos de infraestructura eléctrica.